EL
SALVADOR: LA DERECHA SALVADOREÑA EN LA LOGICA DE HONDURAS Y PARAGUAY
Rudis
Yilmar Flores Hernández
Sociólogo,
Profesor de la Universidad de
El
Salvador, San Miguel, C.A
Correo: ryflores.ues@gmail.com
La historia de El Salvador después de los
190 años de independencia de la corona española estuvieron ligados a la
consolidación del bloque de poder hegemónico representado hasta la década de
los años 90 del siglo XX por la oligarquía cafetalera y en los años posteriores
el afianzamiento de la oligarquía financiera que durante los últimos 20 años
desde la llegada de Alfredo Cristiani en 1989, Armando Calderón Sol 1994,
Francisco Flores,1999 y Antonio Saca 2004 mantuvieron el poder político del
Estado, lo cual les permitió impulsar el modelo neoliberal que condujo al país
a niveles apremiantes de pobreza.
La derrota
de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) en marzo de 2009, trajo consigo una
de las peores crisis en la historia de este partido político. La cobertura
mediática fue amplia e incisiva porque
después de todo, fue una novedad que la principal y más poderosa maquinaria
electoral de los últimos 20 años estuviese haciendo aguas frente a los ojos de todo el
país. Sin embargo, visto en una perspectiva más amplia, lo que sucedió ARENA
la representación política del los grupos de poder económico no es más que
la pérdida del control del Estado. ARENA gobernó desde 1989 hasta finales de
mayo de 2009. Durante su mandato también controló el parlamento desde el cual
privatizo las principales instituciones estatales desde las que no
proporcionaban un bien público hasta las telecomunicaciones y las generadoras de energía eléctrica, dolarizo la economía, envió tropas a Irak en
apoyo a la ocupación de Estados Unidos y firmó un tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos que propició el fin de pequeñas empresas y sectores de la
agricultura.
Controló totalmente el sistema judicial
salvadoreño, que era manejado desde casa presidencial convirtiéndolo en uno de
los sistemas más corruptos de América Latina orientado a crear todo el marco
jurídico en defensa de los intereses dominantes y provocando una retardación de
justicia para los sectores pobres que siguen en la lucha por la defensa de sus
derechos plasmados en la constitución política.
En este contexto el principal instrumento
político de la clase dominante se convirtió en oposición manteniéndose en una
campaña permanente de desprestigio en contra del gobierno del presidente Funes
que llego al poder del Ejecutivo por el
Frente Farabundo Martí Para la Liberación Nacional (FMLN) y presentándose como
la “fuerza política capaz de defender los intereses de los sectores populares”
y que le dio resultado en las elecciones de marzo de 2012 donde logra
escalar en el número de diputados de 19 a 33 y pese a tener mayor número de diputados y al no contar
con mayoría simple su estrategia de
desgaste de cara a las elecciones presidenciales del 2014, es volver ingobernable el país tratando de
obstaculizar el trabajo legislativo.
Está
claro que recuperar el poder por parte de la derecha, resulta una tarea difícil pues los procesos
democráticos orientan a la construcción de un modelo de sociedad consecuente
con los intereses de las grandes mayorías y obligan a propiciar los espacios de
participación de la población en la toma de decisiones y en ejercer la
contraloría social.
La crisis
política que vive el país con el
enfrentamiento entre el órgano legislativo y el judicial son la clara expresión de la lucha de clases y
resulta bastante difícil entender la situación cuando se busca analizar desde
distintas interpretaciones ya sean jurídicas, políticas o cuando podemos ver el
contexto latinoamericano donde la derecha cambia su estrategia en complicidad
con los EEUU, a partir de propiciar los golpes de Estado mediante la
predominancia de un orden jurídico que es favorable a sus intereses, en este
caso la constitución de El Salvador donde se cobija la clase dominante resulta
hoy en día ser obsoleta por no poner en el centro de la discusión la participación de la sociedad civil en la
toma de dediciones o resolver los grandes problemas que enfrentamos como la
pobreza, la seguridad, la educación.
Bajo esta óptica es válido mencionar que en
Honduras en junio de 2009 se produjo un golpe de Estado regulado por la
constitución hondureña, derrocando al presidente Manuel Zelaya, elegido
legítimamente por el pueblo y
recientemente en junio de 2012 encontramos el caso de Paraguay donde se ejecuta
un juicio sumario contra el presidente
Fernando Lugo que rompió la tradición del partido Colorado representante del
sector hegemónico, amparado en la constitución Paraguaya que violenta la
voluntad popular expresada las elecciones del abril del 2008. En ambos casos se
comenzaban a gestar cambios leves pero importantes en materia social y
económica que favorecían los intereses de las grandes mayorías, dos países
considerados los eslabones más débiles de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra
América (ALBA).
En El
Salvador a pesar de las distintas interpretaciones que se le quieran hacer a la
crisis, es notable que la derecha mueve toda su maquinaria en defensa de un
orden jurídico conservador, esto implica sacar a las supuestas vacas sagradas
que en el pasado formaron parte del Órgano Judicial y defendieron el proyecto
dominante de la oligarquía terrateniente a
que interpretan si es o no constitucional una ley o un decreto
legislativo.
Algo es
determinante en la interpretación de esta coyuntura, es el papel nefasto de los
principales medios de comunicación en manos del sector empresarial, que han
logrado arrastrar a muchos sectores como la iglesia católica, algunas
universidades privadas y a la izquierda moderada a presentarse en primera
fila por la defensa de la constitución. Se crean organizaciones como aliados
para la democracia, organismo que representa a la Empresa Privada y que
encabeza una serie de movilizaciones de trabajadores que de lo que
menos entienden es que lo que está en juego no es la constitución si no
la construcción de una sociedad más justa y del proceso de paz surgido de los
acuerdos que pusieron fin al conflicto
armado en 1992.
Existe una
clara discusión sobre la viabilidad de esta crisis en amplios sectores
académicos, sin embargo se produce un
sesgo ideológico entre quienes defienden la actual constitución y quienes
consideran que esta solo representa una continuidad del proyecto dominante de
la burguesía empresarial y la única vía que le permitiría propiciar un golpe de
Estado sustentado en el orden jurídico vigente como lo manifiesta el presidente
de la empresa privada profundizar la crisis, llevar al país a un proceso de
ingobernabilidad con la posibilidad de ejecutar algo similar a lo de Paraguay.
En todo
caso estamos ante el enfrentamiento de
los dos proyectos políticos, uno que se vale de toda su maquinaria y que
arrastra a sectores conservadores en defensa del orden vigente y la izquierda
que libra sus batallas en la construcción de un estado de derecho más
consecuente con los intereses de las grandes mayorías. Por lo tanto la salida a
la crisis deberá tener una salida política y no jurídica.
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