El Salvador: La Posguerra y el XXIII aniversario de los Acuerdos de Paz
El debate de la transición de posguerra en El
Salvador continua abierto, veintitrés años de iniciado este proceso. Uno de los
aspectos cruciales de la discusión es la dimensión democrática de esta
transición, en todo caso se pensó que si se daba esta transición, esta debía
ser necesariamente democrática, pero la realidad demostró que no se trataba de
algo mecánico que nos conduciría a un régimen de estas dimensiones.
Un elemento clave en la discusión y en el
discurso sigue siendo que los acuerdos de paz pusieron fin al conflicto armado
que generaron cambios en las viejas estructuras del Estado y se crearon nuevas
instituciones. Ejemplo de ello fue la desaparición de los cuerpos represivos de
seguridad como la Guardia Nacional, Policía de Hacienda, Policía Nacional, los
batallones de reacción inmediata, la reducción del ejército, la creación de una
nueva doctrina militar y surgieron la Nueva Policía Nacional Civil, El Consejo
Nacional de la Judicatura, el Tribunal Supremo Electoral, el Foro Económico
Social que en los sucesivos gobiernos de derecha lo desaparecieron y un
elemento importante fue la conversión del ejército guerrillero en una
institución política que ganó las elecciones presidenciales en marzo del 2009.
Si estos cambios son importantes, no fueron
suficientes para rebasar las causas que generaron el conflicto armado que
género más de 70 mil muertos y 100 mil desaparecidos, el tema económico social
sigue siendo el indicador que mide el nivel de democratización que vive el país
y la falta de concertación en grandes temas como la reducción de la pobreza.
Hay un
elemento que adquiere gran trascendencia y que el proceso de transición democrática no ha
logrado resolver es el problema de la exclusión social, la mala distribución de
la riqueza, la falta de empleo, de una vivienda digna, educación y que en los
últimos años ha provocado un auge mayor
de la violencia en sus distintas manifestaciones en el seno de un orden
social que le da la espalda a la gran mayoría
de la población en sus propios intereses.
En cierto modo, El Salvador en los últimos
tiempos debió perder la brújula en el tema del cumplimiento de los acuerdos de paz, ya que estos fueron
suscritos como un requisito imprescindible para avanzar en los nuevos
propósitos de la democratización social y política del país, pero a estas
alturas existe un déficit en su cumplimiento según lo pactado en Chapultepec y
Nueva York.
La realidad de los salvadoreños se volvió muy
compleja ya que las necesidades más sentidas de la población no se logran
resolver, esto necesariamente conduce a los sectores populares a una lucha
permanente por la reivindicación de sus derechos y la respuesta de manera
inmediata de los últimos gobiernos de derecha ha sido la criminalización de los
movimientos sociales a partir de la creación de nuevas leyes como la ley
antiterrorista y los planes mano dura y súper mano dura y el surgimiento de los
juzgados especializados o “blindados” como las nuevas formas de represión del
estado.
La presencia del secretario general de la
Organización de las Naciones Unidas el pasado 16 de enero fecha en que se
cumplió el veintitrés aniversario de los Acuerdos de Paz expresa claramente que
el país sigue enfrentando los grandes
problemas estructurales que generaron el conflicto armado, en su discurso expresó
los enormes desafíos en los temas de inseguridad ciudadana, la exclusión social
y la falta de oportunidades que impiden que muchos salvadoreños cosechen los
beneficios que trae la paz. Es necesario el fortalecimiento de las
instituciones incluyentes y la creación de mecanismos que acerquen las voces de
los grupos vulnerables a la toma de decisiones incluyendo a los más desposeídos, a los pueblos
indígenas, mujeres y hombres, es necesario seguir afrontando los viejos
desafíos, como equilibrar las tensiones entre la paz y la justicia, entre los intereses
de los que tienen poder y los de la población en general, entre las urgencias
cortoplacistas y la sostenibilidad a largo plazo.
Por su parte el presidente Salvador Sánchez
Cerén considera necesario la profundización de la cultura democrática de los
mecanismos de transparencia de las instituciones y el permanente combate contra
la corrupción ampliando los mecanismos de participación ciudadana con la inclusión de los pueblos originarios y
más de tres millones de compatriotas que
viven en el exterior. Reconoce los grandes problemas de la violencia e
inseguridad y la cantidad de homicidios de hombres mujeres y niños que a diario
se cometen y los retos para alcanzar la paz y la tranquilidad que desean las
familias. El conflicto que hoy nos desafía es la criminalidad generada por el narcotráfico, su conexión con
las pandillas y la extorción.
La tarea de la construcción de la democracia
es una tarea pendiente de los acuerdos de paz y retoma mayor auge con el gane
electoral de la izquierda el 15 de marzo
de 2009, y en 2014 representada por el F.M.L.N, por considerarse como el
triunfo del pueblo y donde el estado de privilegios de que gozaba la derecha
tienden a desaparecer y el nuevo gobierno debe seguir contemplando en la agenda
el trato preferencial por los pobres.
No cabe duda, existe una deuda histórica con
el pueblo salvadoreño y su democracia, ahora se le presentan nuevos escenarios
y nuevas formas de lucha ante la nueva realidad que vive el país y el mundo,
aun cuando la izquierda gobierne es necesario romper los viejos esquemas de
dominación y de explotación de la clase empresarial que hoy en día siguen vigentes y que se
niegan a aceptar que el mundo cambio.
[1]
Profesor Investigador de la Universidad de El Salvador, Facultad
Multidisciplinaria Orienta (San Miguel) Miembro del Comité Directivo de la
Asociación Latinoamericana de Sociología, Secretario de la Directiva de la
Asociación Centroamericana de Sociología , Miembro de la Asociación Salvadoreña de Sociología.
