EL
SALVADOR: LOS ACUERDOS DE PAZ, 21 AÑOS
DESPUES DE LA FINALIZACION DEL CONFLICTO ARMADO
Rudis Yilmar Flores[1]
Correo electrónico: ryflores.ues@gmail.com
El debate de la transición
de posguerra en El Salvador continua abierto, veintiún años de iniciado este
proceso. Uno de los aspectos cruciales de la discusión es la dimensión
democrática de esta transición, en todo caso se pensó que si se daba esta
transición, esta debía ser necesariamente democrática, pero la realidad
demostró que no se trataba de algo mecánico que nos conduciría a un régimen de
estas dimensiones.
Un elemento clave en la
discusión y en el discurso sigue siendo que los acuerdos de paz pusieron fin al
conflicto armado que generaron cambios en las viejas estructuras del Estado y
se crearon nuevas instituciones. Ejemplo de ello fue la desaparición de los
cuerpos represivos de seguridad como la Guardia Nacional, Policía de Hacienda,
Policía Nacional, los batallones de reacción inmediata, la reducción del
ejército, la creación de una nueva doctrina militar y surgieron la Nueva
Policía Nacional Civil, El Consejo Nacional de la Judicatura, el Tribunal
Supremo Electoral, el Foro Económico Social que en los sucesivos gobiernos de
derecha lo desaparecieron y un elemento importante fue la conversión del
ejército guerrillero en una institución política que ganó las elecciones
presidenciales en marzo del 2009.
Si estos cambios son
importantes, no fueron suficientes para rebasar las causas que generaron el conflicto
armado que género más de 70 mil muertos y 100 mil desaparecidos, el tema
económico social sigue siendo el indicador que mide el nivel de democratización
que vive el país y la falta de concertación en grandes temas como la reducción
de la pobreza.
Hay un elemento que adquiere gran trascendencia y
que el proceso de transición democrática
no ha logrado resolver es el problema de la exclusión social, la mala
distribución de la riqueza, la falta de empleo, de una vivienda digna,
educación y que en los últimos años ha provocado un auge mayor de la violencia en sus distintas
manifestaciones en el seno de un orden social que le da la espalda a la gran
mayoría de la población en sus propios
intereses.
En cierto modo, El
Salvador en los últimos tiempos debió perder la brújula en el tema del
cumplimiento de los acuerdos de paz, ya
que estos fueron suscritos como un requisito imprescindible para avanzar en los
nuevos propósitos de la democratización social y política del país, pero a
estas alturas existe un déficit en su cumplimiento según lo pactado en
Chapultepec y Nueva York.
La Democracia
misma pierde vitalidad cuando se trata de mejorar las condiciones de vida de la
población. Por eso la tarea es, avanzar hacia una Democracia de Ciudadanía. Lo
anterior consiste en organizar a la sociedad para asegurar y expandir sus
derechos. Es necesario, para ello, una Democraticidad del Estado: esto es el
grado en que el Estado ha organizado las relaciones sociales.
El país atraviesa un
momento bastante difícil, con una serie de fisuras que reflejan un alto grado
de conflictividad social y una clara
ampliación de la brecha entre ricos y pobres.
En este contexto es
importante reflexionar sobre el comportamiento que ha tenido el país y la
configuración de la transición que hoy
vivimos desde sus dimensiones económicas políticas y sociales.
Los últimos 20 años que
fueron gobernados por el partido Alianza Republicana nacionalista (A.R.E.N.A),
Y bajo la doctrina neoliberal comenzaron a implementar una serie de medidas
antidemocráticas tales como el ajusté estructural, que propicio la reducción
del gasto público en las áreas sociales y una serie de procesos de privatización
que generaron, un aumento en los niveles
de desempleo y provocando un éxodo masivo de salvadoreños a otras partes del
mundo y de manera particular hacia los Estados Unidos en busca del sueño
americano.
El modelo económico
implementado en 1989, con la llegada del presidente Alfredo Cristiani al poder
por medio del partido ARENA, comenzó toda una etapa de reformas neoliberales
que condujeron al país a una polarización sin darle soluciones concretas a los
problemas que dieron origen al conflicto armado.
Un aspecto de dichas
políticas, es haber delegado las funciones del Estado a la clase empresarial, y
esto provoco que durante los últimos 20 años se diera una ausencia completa de
las funciones del Estado en resolver los problemas del país.
Las medidas
antidemocráticas de los últimos cuatro gobiernos desde (1989- 2009),
establecieron una amplia brecha entre ricos y pobres, se generaron procesos de
privatización en varia fases desde aquellos activos que no prestaban
precisamente un bien público como las cementeras, los hoteles, puertos y
aeropuertos y una segunda fase en la que se vendieron las empresas generadoras
de energía eléctrica las telecomunicaciones y las pensiones, actualmente está
en discusión la privatización del agua y la salud, también en el año 2001 se
produjo el proceso de dolarización de la economía que beneficio a las
transnacionales y los sectores empresariales en detrimento de las mayorías que
comenzaron a pagar los costos de la dolarización al incrementarse de manera
vertiginosa el costo de la vida y una caída de los salarios.
La realidad de los
salvadoreños se volvió muy compleja ya que las necesidades más sentidas de la
población no se logran resolver, esto necesariamente conduce a los sectores
populares a una lucha permanente por la reivindicación de sus derechos y la
respuesta de manera inmediata de los últimos dos gobiernos ha sido la criminalización
de los movimientos sociales a partir de la creación de nuevas leyes como la ley
antiterrorista y los planes mano dura y súper mano dura y el surgimiento de los
juzgados especializados o “blindados” como las nuevas formas de represión del
estado.
La tarea de la
construcción de la democracia es una tarea pendiente de los acuerdos de paz y
retoma mayor auge con el gane electoral de la izquierda el 15 de marzo de 2009, representada por el
F.M.L.N, por considerarse como el triunfo del pueblo y donde el estado de
privilegios de que gozaba la derecha tienden a desaparecer y el nuevo gobierno
debe seguir contemplando en la agenda el trato preferencial por los pobres.
No cabe duda, existe una
deuda histórica con el pueblo salvadoreño y su democracia, ahora se le
presentan nuevos escenarios y nuevas formas de lucha ante la nueva realidad que
vive el país y el mundo, aun cuando la izquierda gobierne es necesario romper
los viejos esquemas de dominación y de explotación de la clase empresarial que hoy en día siguen vigentes y que se
niegan a aceptar que el mundo cambio.
[1]
Profesor Investigador de la Universidad de El Salvador, Facultad
Multidisciplinaria Orienta (San Miguel) Miembro del Comité Directivo de la
Asociación Latinoamericana de Sociologia, Secretario de la Directiva de la
Asociación Centroamericana de Sociologia , Miembro de la Asociación Salvadoreña de Sociologia.