viernes, 2 de enero de 2015

EL SALVADOR: PETROCARIBE, UNA MIRADA A LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA
Rudis Yilmar Flores Hernández
Sociólogo, Profesor de la Universidad de
El Salvador, San Miguel, C.A
 
Después del triunfo del FMLN en las elecciones presidenciales del 2009 en materia económica y de inversión  el país experimento  un giro estratégico, se abrieron nuevos horizontes en materia de  relaciones comerciales que incomodan constantemente los intereses de la derecha empresarial.
El surgimiento del ALBA como contraposición al fallido esfuerzo de los gringos de crear un  Área de Libre Comercio para las Américas, genera expectativas para la mayoría de los países latinoamericanos en una nueva era de relaciones comerciales, de respeto mutuo entre los pueblos y en materia de cooperación  económica y social.
A pesar que El Salvador no es miembro permanente de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América  (ALBA)  y por la importancia de las relaciones sostenidas  entre el recordado presidente Chávez  y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN),  dieron  como resultado programas como la Misión  Milagro que ha contribuido a que más de  seis mil salvadoreños  fueran operados de problemas de la vista de manera gratuita en la República Bolivariana, el recibimiento de ayuda en caso de desastres naturales y el convenio de exportación de  crudo a través de ALBAPETROLEOS con precios preferenciales. Alba Petróleos de El Salvador  es la síntesis del nuevo concepto de cooperación entre los pueblos, enmarcada en El ALBA y PETROCARIBE. En él concurren la visión de futuro del Estado venezolano en Concreción de los sueños de Bolívar y Martí por la integración y la Unidad de América Latina.
A partir de  febrero de 2012 se impulsa Alba Alimentos de El Salvador que es un proyecto  con el objetivo de beneficiar a los agricultores, a través de financiamiento, insumos y comercialización. La empresa tiene el objetivo de reactivar 100 mil manzanas de tierra a escala nacional.
Alba Alimentos se convierte en  ayuda a los campesinos salvadoreños, y con una  proyección de  reactivar la agricultura, la cual fue lacerada y esterilizada por el partido ARENA. El programa de Alba Alimentos consiste en la entrega de semilla, agroquímicos, entre los que podemos mencionar  el sulfato un agroquímico tan vital para el cultivo del maíz y del frijol. Este programa es canalizado a través del FMLN con la ayuda del Gobierno Bolivariano de Venezuela. Con este proyecto se está logrando que  el campesino pueda sembrar la tierra y elevar los niveles de productividad.
La cooperación de países como Venezuela permite el desarrollo e intercambio entre  los pueblos de nuestra América, y la alternativa de consolidar un modelo alternativo de desarrollo que tenga como base al ser humano y la preservación de los recursos naturales para las sostenibilidad de las futuras generaciones.
Durante el 2013, un año preelectoral de cara a las elecciones presidenciales  del 2014 la Asociación de la Empresa Privada y su instrumento político ARENA  desataron una campaña contra ALBA negocios, acusándola de competencia desleal por los precios preferenciales que tiene por ejemplo los frijoles y el maíz para los pobres, contradiciéndose con las reglas del libre mercado que ellos mismos impusieron con el modelo neoliberal.
Ahora no se trata de si  le gusta o no a la empresa y si acusa a ALBA de lavado de dinero o si atenta contra los intereses de los monopolios o las transnacionales, el país  entró en una nueva fase donde la población comienza a madurar  sobre los beneficios que este tipo de inversión le genera, lo manifiestan los pequeños productores que le venden sus cosechas a ALBA alimentos, que tienen mayor remuneración económica y las posibilidades de mayor inversión en la reactivación de la agricultura desaparecida en los 20 años de gobiernos de ARENA.
El pasado 1 de junio de 2014 asumió la presidencia del país, Salvador Sánchez Cerén, elegido para  el periodo 2014-2019 y como primera medida solicito formalmente el ingreso de El Salvador a Petro Caribe, sistema promovido por el presidente  Nicolás Maduro.
La adhesión a Petro Caribe representa una nueva visión estratégica en la redirección de las relaciones del país con el sur, se busca la erradicación del hambre y la pobreza así como la cooperación multilateral en la óptica unionista y los principios de solidaridad y cooperación, con un acceso confiable a las fuentes de energía.

Para El Salvador representa el abastecimiento de recursos energéticos mediante una vía equitativa y justa, lo cual conlleva a un ahorro en la factura petrolera con facilidades de pago permitiendo destinar recursos para el financiamiento de los programas sociales, inversión en el desarrollo económico y social, fomento del empleo, educación, deporte entre otros y fomentara las exportaciones de los pequeños productores. Entre otras cosas también se plantea la construcción de una fábrica de arroz, la construcción y puesta en funcionamiento de una planta de producción de celdas solares y lámparas LED, con esto se busca convertir a al país en proveedor de lo que produzca y posicionándolo como un país productor en América latina.

El Salvador: La Lucha de los Movimientos Sociales por el Derecho al Agua

Profesor Investigador: Rudis Yilmar Flores
Universidad de El Salvador


Una de las principales fuentes de vida en el planeta hoy en día sigue siendo objeto de discusión y de una amplia lucha de los movimientos sociales por el derecho al agua, la consagración como un derecho humano, bien público y  recurso vital continua siendo la bandera de lucha en el siglo XXI. Esta lucha está estrechamente vinculada con la implementación de políticas económicas, comerciales, medioambientales, sociales que reducen la posibilidad del acceso, anteponiendo su valor como mercancía y la inserción de este recurso en las políticas privatizadoras impulsadas por el modelo neoliberal implementado desde la última década del siglo XX en la mayoría de países de América Latina.
En las múltiples cumbres y conferencias organizadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se discute ampliamente sobre la necesidad del acceso al agua por la mayor parte de la población y se argumenta como un elemento indispensable para la existencia humana el acceso como un factor determinante para superar los viejos y endémicos problemas del capitalismo como son el hambre, la pobreza que conlleven a  tener una vida digna haciendo énfasis en el derecho al agua como fundamental. Sin embargo es importante destacar que la mayoría de gobiernos contrario a lo discutido en las cumbres estimulan  los procesos de privatización de los recursos hídricos por las corporaciones transnacionales y las presiones del Consejo Mundial del agua, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional  que empujan a la  comercialización del agua vulnerando el derecho al medio ambiente, la salud la soberanía, la economía y la dignidad de los pueblos.
En la declaración de San Salvador por la defensa y el derecho al agua en el año 2003 las organizaciones y movimientos sociales de varios países de América latina dejaron constancia del total rechazo a los procesos de privatización de los recursos hídricos y servicios públicos en los países de la región así como también la denuncia de estos procesos  financiados  y facilitados por corporaciones transnacionales, organismos financieros internacionales, organismos multilaterales de  comercio y los gobiernos nacionales.
En el caso de El Salvador es válido destacar que en los últimos tiempos se agrava el tema de las aguas contaminadas y la poca existencia del líquido potable para abastecer a la población salvadoreña.  Xenia Marroquín, integrante del Foro del Agua, expresa que a pesar que el agua es un bien común está siendo explotada con fines lucrativos, lo cual violentaría el derecho humano al agua. Por tal razón le exigen al presidente  de la republica de manera particular, que incida y promueva ante la Asamblea Legislativa para que se agilicen la aprobación de la ley del agua  
Uno de los movimientos por la reivindicación del derecho al agua es la Mesa de Coordinación del   Foro del Agua que aglutina a casi una veintena de organizaciones entre ellas: Asociación Unida por el Agua y la Agricultura, Asociación de Consumidores de Ilopango. Asociación de sistemas autónomos de Agua Potable y Saneamiento, Asociación Madre Cría, Asesoría a Programas y Proyectos de Desarrollo, Centro para la Defensa del  Consumidor. Etc.
Desde el 2006, el movimiento social ha elaborado dos versiones de la propuesta Ley de Aguas, junto con los legisladores del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ninguna de las cuales ha conseguido el apoyo necesario para ser aprobada. La versión actual del proyecto de ley fue presentada por el Ministerio de Medio Ambiente, y se enfrenta a un asalto coordinado. Al mismo tiempo que la derecha lucha por incluir mecanismos de privatización en la legislación de dicho Ministerio, esas mismas fuerzas están presionando para reformar la legislación de privatización conocida como Ley de Asocio Público–Privado (APP), respaldada por los Estados Unidos, a fin de  incluir la administración del agua entre los sectores públicos abiertos a los contratos privados. Tanto el sector privado salvadoreño como el gobierno de EE.UU. tienen interés en liquidar la legislación que impide la privatización, en la medida en que hay cerca de 50 proyectos de agua presentados como parte del fondo de ayuda al desarrollo de la Corporación del Reto del Milenio (MCC), proyectos que habrán de ser otorgados a empresas privadas. Son los mismos fondos que la Embajadora de EE.UU., Mari Carmen Aponte condiciona a la aprobación previa de la Ley APP.
La ley general de aguas propuesta por el Órgano Ejecutivo al congreso tiene en su contenido medidas para  proteger los recursos hídricos del país y una distribución del agua potable de forma equitativa entre la población, como se lee en la iniciativa. Por ejemplo, si los diputados lo aprueban, el agua sería declarada como un “bien nacional de uso público, inalienable, imprescriptible e inembargable”.
La lucha por el derecho al agua se libra en diferentes campos desde el nacional e internacional, político, económico y social. El Foro del Agua, es una coalición que cuenta con una vasta y diversa membresía entre los movimientos sociales, participan intensamente los comités comunitarios del agua, sindicalistas de los servicios públicos del agua, organizaciones de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, grupos de estudiantes de la Universidad Nacional y una serie de organizaciones sin fines de lucro que bloquean constantemente  el tráfico en las principales vías de la ciudades, cantando “¡El agua es un derecho! ¡No es mercancía!”.

Frente a las  amenazas de privatización del agua, una legislación que garantice la gestión pública del precioso recurso es más importante que nunca, se necesita una ley que promueva el derecho humano al agua y, sobre todo, que evite el paso a pocas manos de este vital líquido, de modo que la ANEP, la Asociación Nacional de Empresas Privada  o las transnacionales no nos roben nuestra agua ya que  el agua debe seguir siendo un bien público.