El Salvador: Sistema de Partidos Políticos y

El Salvador: Sistema de Partidos Políticos y

Reformas Electorales

Rudis Yilmar Flores Hernández

 Profesor Investigador de la Universidad de

El Salvador, San Miguel, C.A

Correo: ryflores.ues@gmail.com

RESUMEN

La historia de El Salvador desde a mediados del siglo XX, se manifiesta por un largo periodo de profundos conflictos políticos, económicos y sociales, que lo llevaron a la confrontación armada, por la falta de democracia y de espacios políticos que reflejaban la falta de participación política de la sociedad civil.  Las dictaduras militares fueron durante muchos años la forma de gobierno impuesta bajo la represión. La lucha de los movimientos sociales obligó a los militares a generar cambios en las estructuras políticas, pasando a conformar una dictadura militar orgánica, vinculada a los partidos de derecha. La constitución de la República de El Salvador creada en 1983, le da vida a un sistema de partidos excluyentes y que no garantizan la participación de la sociedad civil, por lo cual se plantea la necesidad de generar reformas electorales, que democraticen el sistema político electoral.

Este artículo presenta una reseña de la constitución del sistema político partidario desde las dictaduras militares, hasta las reformas electorales dictadas por la sala de lo constitucional en el transcurso del 2010,  que tienden a la modificación del sistema de partidos políticos.

Las referencias tomadas en consideración para la elaboración de este trabajo tienen a su base el planteamiento de especialistas en temas político electorales y en la normativa jurídica electoral, como es el Código Electoral.

Palabras claves: partidos políticos, sistema de partidos, contexto jurídico, reformas electorales.

ABSTRACT

The history of El Salvador since the mid-twentieth century, manifested by a long period of deep political conflicts, economic and social, which led to armed confrontation, lack of democracy and political spaces that reflected the lack of participation civil society policy. Military dictatorships were for many years the form of government imposed under repression. The struggle of social movements forced the military to bring about changes in political structures, from military dictatorship to form an organic, linked to right-wing parties. The Constitution of the Republic of El Salvador created in 1983, gives life to an exclusive party system and do not guarantee the participation of civil society, for which there is a need to generate electoral reforms to democratize the electoral political system.

This article presents a review of the constitution of the political party system since the military dictatorship to electoral reforms passed by the Constitutional Chamber in the course of 2010 and tends to change the system of political parties.

References taken into consideration in the preparation of this work have to base the approach of specialists in electoral politics and electoral legal regulations, such as the Electoral Code.

Keywords: political parties, party system, legal framework, electoral reforms.

 CONTEXTO HISTORICO

Los partidos políticos se convierten en actores claves dentro de los sistemas políticos. Los sistemas de partidos políticos afectan las democracias desde el momento de su formación, al representar intereses que se ponen de manifiesto en la implementación de políticas públicas, estos afectan la democracia, al establecer las reglas electorales que cierran las posibilidades al votante de tener una variedad de opciones que expresen sus preferencias.

La evolución histórica de la legislación  sobre partidos políticos en El Salvador se encuentra estrechamente vinculada a su especificidad política, la Legislación, como un integrante del derecho, en tanto sistema normativo creado  por el Estado, es reactiva, y en consecuencia tiene un retraso importante respecto a los fenómenos que acontecen en una realidad normada.

Esa realidad ha sido caracterizada por un esquema de hegemonía y dominación de los sectores que representan los grupos de poder económico, los que al sufrir cambios políticos tanto a nivel nacional como internacional han repercutido en los institutos políticos. Es importante apuntar que a partir de los cambios ocurridos en muchos  países, que vieron construir el socialismo durante el siglo XX, principalmente con el triunfo de la revolución Rusa, China, Cuba,  los procesos electorales dejaron de ser una opción viable para ostentar el poder político, el país se encaminó en la ruta de las dictaduras militares que prevalecieron durante sesenta años. El golpe de Estado de 1931, propició la instauración del general Maximiliano Hernández Martínez, y el comienzo de una etapa represiva en contra de los líderes y bases del Partido Comunista Salvadoreño, en su mayoría conformado por campesinos y grupos indígenas, culminando con el asesinato de más de treinta mil campesinos en 1932.

Las circunstancias económicas y políticas con respecto a los Partidos Comunistas fundamentadas en el desarrollo industrial del capitalismo, generaban las condiciones para su fortalecimiento y la consolidación de los procesos revolucionarios. En el caso de El Salvador, la economía siempre se cimentó en la producción agrícola y eso explica por ejemplo, porque a diferencia de otros partidos comunista el salvadoreño tenía sus bases principales de su actuación política concentrada en el campo antes que en la ciudad.

“Cuando se comienza a diversificar la producción industrial y se implementa el modelo de sustitución de importaciones, obliga a la clase oligárquica  a establecer cambios en las estructuras políticas, por el avance de la izquierda al encontrar nuevos escenarios  en las fábricas y el surgimiento de nuevos  sujetos como son los sindicatos”.  (Rafael, 2006)

El rol político de los sindicatos obligó a los gobiernos dictatoriales a establecer nuevos mecanismos de control político, pasando a conformar una dictadura militar orgánica, que con el devenir de los años se apadrinó de los partidos políticos para mantener el control represivo del Estado. En este escenario la oligarquía terrateniente configura un sistema electoral susceptible de controlar en caso de emergencias, la Asamblea Legislativa era controlada por un solo partido político, no existiendo representación proporcional, y la institucionalidad militar era puesta en función de la preservación del sistema.

La década de los años sesenta comienza con un golpe militar, impulsado por una junta civico  militar, derrocando al coronel Jose Maria Lemus, situacion que conduce a reformas politicas que permitieron  drenar la posibilidad para la incorporacion de nuevos institutos politicos en la Asamblea Legislativa, como el Partido Democrata Cristiano (PDC) en los años 50s, y que producto de sus pugnas internas, y la renuncia de miembros fundadores, dan paso a uno de los partidos politicos que marcarán en la historia de la politica salvadoreña, es el Partido de Conciliacion Nacional (PCN), como una de las mas criticadas y nefastas formas de conservar el poder politico por medio del acompañamieto de los militares en la sucesion del poder del Estado en la decada de los años 60s y 70s, profundizando la represion contra lideres politicos, sindicales y cerrando los espacions democraticos y que marcarian la profundizacion de la lucha social y la creacion de un ejercito guerrillero que se convirtio en la vanguardia de la lucha revolucionaria.  

En los años 70s, se generó en el país una situacion de intensa conflictividad social y politica, vinculada no solo con el empeoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares, si no, la exclusion politica de la que hicieron gala los gobiernos del coronel Arturo Molina y el general Carlos Humberto Romero. Estos militares llegaron al ejecutivo tras fraudes electorales en 1972 y 1977 respectivamente.

Este escenario no resultó ser prometedor para las distintas fuerzas politicas durante la decada de los 70s, inclusive dentro  de las filas castrenses muchos militares se inclinaron por la via militar como factor de cambios y otro sector radical opto por la institucionalizacion, lo que condujo a u golpe militar en 1979 y la instauracion de un grupo de oficiales jovenes y civiles en la junta revolucionaria de gobierno, lo que condujo a una finalizacion de las dictaduras de caracter organico.

Con el desarrollo de la guerra civil en la decada de los 80s, en El Salvador se produce un cambio en el sistema politico salvadoreño con la entrada en vigencia de una nueva constitucion en 1983, en la cual se legitíma el monopolio de los partidos politicos, “como mecanismo de representacion del pueblo en el gobierno”, creando la ley electoral y el Consejo Central de Elecciones, integrado por los partidos politicos y  encargado de administrar y vigilar los procesos electorales. Situacion que  permitio por mas de 20 años a la derecha en el poder, construir una maquinaria que le permitiera mantener la continuidad  tanto en el organo ejecutivo y legislativo.

La finalizacion del conflicto armado propicio  cambios en materia electoral, que permitieron la participacion del Frente Farabundo Marti para la Liberacion Nacional (FMLN), como Instituto Politico, la conformacion del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el derecho de vigilancia de los partidos politicos sobre  todo el proceso electoral.

Durante el desarrollo histórico de la sociedad salvadoreña principalmente desde la firma de los Acuerdos de Paz, se han suscitado  reformas en los procesos electorales, lo cual implico para las fuerzas políticas una ratificación de las elecciones como el  único instrumento válido para conquistar o retener el poder político  gubernamental, mientras que para el resto de las fuerzas sociales activas, las elecciones se  perfilan como el escenario exclusivo a fin de legitimación ciudadana.

En  1994 se realizaron las primeras elecciones de transición en  el trascendental contexto en el que estas  se llevaron a cabo, como  también sus implicaciones en términos de apertura de sistema político que establecía la participación  del ejército guerrillero convertido en una institución política  que comenzaría en un proceso de acumulación,  producto de los procesos electorales,  que se materializa  en el triunfo  de las elecciones presidenciales en marzo del 2011.

Las contiendas electorales de 1994,  1997 y la actual coyuntura del 2011,  son el mejor escenario para observar la escasa institucionalidad  de sus espacios de decisión y órganos de resolución del antagonismo intrapartidario, lo que significa que   en la práctica  no ha existido una democracia representativa ni participativa, la ciudadanía únicamente participa en ejercer el sufragio durante los procesos electorales.

Este  orden constitucional en El Salvador sigue siendo un reflejo de la falta de participación democrática del pueblo. La Constitución Política de 1983, vigente hasta el momento con algunas reformas, impulsadas por la  clase dominante en plena Guerra Civil (1981-1992), cuando no existía ningún tipo de garantía o derechos democráticos, sigue considerando a los partidos como la única forma de participación política representativa de los ciudadanos aun cuando el código electoral otorga un mayor nivel de participación a  la sociedad civil en las elecciones referentes a diputados. 

“Es importante señalar que conforme al artículo 85 de la constitución, los partidos políticos son el único instrumento para la representación del pueblo dentro del gobierno, refiriéndose a las estructuras del Estado en las que haya posibilidad de ejercer alguna forma de representación. Más sin embargo el código electoral carece de una definición conceptual, ya que considera a los partidos políticos como asociaciones que compiten por cargos públicos de elección popular. Así es importante citar que según lo estipulado en la normativa reconoce que la sociedad civil puede participar como candidatos independientes en cargos a la Asamblea Legislativa, contribuyendo  al fomento de prácticas que estimulen la participación democrática en los procesos de elección popular,  no así en las elecciones para presidente y vicepresidente donde la Constitución establece la estrechez de la participación”.  (Codigo Electoral)

“En este escenario, la intermediación de los partidos políticos tradicionales, se ha desnaturalizado y está comprometida. Cada vez más los partidos políticos son vistos por la población  como obstáculos que se interponen entre el Estado y la sociedad, antes que como puentes que los ponen en contacto con las instituciones. Crece más la sensación de que la única preocupación de los partidos tradicionales son las cuotas de poder, antes que pensar en las necesidades y el bienestar del pueblo, como si toda la atención estuviera en cómo  llegar  al poder, antes que preguntarse para que”. (Oscar, 2010)

En consecuencia, la sociedad se aleja de los partidos y busca de distintas maneras, como tener la atención del Estado. Los partidos tradicionales ponen candados en las puertas del sistema electoral y se autoproclaman como una clase diferente. Una clase política que no tiene objetivo más que su propio poder  y enriquecimiento personal de sus cúpulas, lo que no hace posible la construcción de una democracia que tenga carácter participativo, reduciendo a la población al simple papel de votantes.

Hoy en día la representación de los partidos políticos se encuentra ampliamente debilitada y cuestionada ante la opinión pública, las encuestas de prestigiosos centros de estudio demuestran la pérdida de confianza, posicionando a la Iglesia y otras organizaciones sociales con mayores niveles de confiabilidad y transparencia. Muchos de estos se convirtieron en empresas mercantiles y han dejado de hacer política, dedicándose exclusivamente a la actividad electoral, que es en todo caso una actividad empresarial. Esto vuelve negativa la famosa democracia representativa que ofertan los partidos y en consecuencia vuelve necesario la construcción de un poder político que conduzca a democratizar la democracia, se trata de construir la democracia participativa, se trata de la participación del pueblo en la toma de decisiones en todos aquellos aspectos que afecten su vida.

El sistema de partidos políticos  salvadoreño se convirtió en una deuda  para la construcción de la democracia contemplada en los acuerdos de  Paz de 1992, la corrupción y la forma de ejercer la política terminan siempre favoreciendo a los grupos de poder, en detrimento de las grandes mayorías y como señala, Alain Touraine la corrupción más peligrosa para la democracia es la que ha permitido a los partidos políticos tradicionales  acumular recursos tan considerables y tan independiente de la contribución  de sus miembros, que les permite elegir a los candidatos a las elecciones y asegurar el éxito, de cierto número de ellos, riéndose de este modo del principio de libre elección de los dirigentes por los elegidos.

Es importante considerar que después de finalizada la guerra y bajo el cumplimiento de los acuerdos de Paz, se han venido celebrando regularmente elecciones,  teniendo como resultado gobiernos civiles, producto de procesos electorales que todavía resultan cuestionados por el papel de los partidos,  al seguir teniendo dificultades para alcanzar grados aceptables de legitimidad, que les permita desarrollarse como instrumentos de representación del pueblo.

Esta realidad pone evidencia, la crisis que viven tanto los partidos de izquierda como los de derecha, ya que  fueron convertidos en instrumentos para defender  intereses particulares y  no nacionales. En el caso de ARENA siempre ha representado los intereses de sectores empresariales que han tenido el control del Estado, desapareciéndolo en  sus funciones fundamentales de proveer la seguridad social al pueblo salvadoreño.

Otra muestra de esta debilidad institucional de nuestro sistema de partidos es la ausencia de nuevos liderazgos. A comienzos de la segunda década del Siglo XXI, los principales referentes de la política partidaria siguen siendo los mismos que en la década de los noventa. La lista de los actuales secretarios generales sigue siendo una copia fiel de los liderazgos políticos de 20 años atrás. Parece increíble, pero en el transcurso de dos décadas los partidos políticos no han sido capaces de formar nuevos liderazgos, frescos, modernos, innovadores, adaptados a los tiempos actuales. No importa si nos caen bien o no, ni si compartimos su ideología o su forma de hacer política. Lo cierto es que, es hora de renovar la política y dejar que las nuevas generaciones vayan ganando la experiencia debida.

Es claro que mientras los partidos políticos no se democraticen, seguirán teniendo una deuda pendiente con la sociedad, y continuarán formando parte de las instituciones peor valoradas por el pueblo salvadoreño.

Contexto Jurídico       

El escenario para el desarrollo de reformas electorales serias en el país ha estado condicionado por los partidos políticos y la obediencia de la Corte Suprema de  Justicia con el Órgano Ejecutivo.  Cualquier recurso de inconstitucionalidad interpuesto ante la Sala de lo Constitucional referido al sistema electoral  no era resuelto por que afectaba los intereses de las cúpulas de los partidos políticos y muchas de las reformas que fueron contempladas en los Acuerdos de Paz, como el voto residencial y el voto de los salvadoreños en el exterior todavía no se efectúan en su totalidad.

Los temas electorales siempre fueron evadidos, la Corte siempre ha estado en manos de la derecha,  al punto de acumular una mora judicial, que provoca retardación de justicia para los salvadoreños que han interpuestos sus demandas, viendo pasar el tiempo sin una resolución favorable por la corrupción imperante en la Administración de Justicia. Históricamente ha existido una tradición del presidencialismo exacerbado respecto al efecto cascada de todas las órdenes del presidente de la república, que han pasado por la Asamblea Legislativa y que terminan en el Órgano Judicial.

Algo está claro, es  necesario considerar que la corrupción es uno de los flagelos  más conocidos por los ciudadanos,  que se convierte en uno de los problemas fundamentales de América Latina, actualmente  en El Salvador es posible conocer mucho más de lo que antes era permitido por las instituciones del Estado.

La corrupción no es una práctica que se desarrolle únicamente en un periodo determinado, sino que está presente en las distintas etapas de evolución del Estado Salvadoreño. Sin embargo, sus manifestaciones y reacciones pueden ser más viables en periodos de transformación social, en la cual se produce una reestructuración de todo el sistema político y social, así como también de nuevas normativas que regulan el actuar de los funcionarios públicos.

En el ámbito judicial, la corrupción se muestra como producto de la herencia de prácticas corruptas realizadas en otros ámbitos como el político y el económico. Los fraudes electorales, el soborno como practica de empresa o como forma de acceder a los contratos del gobierno, y otras conductas contrarias a la ética, han sido comportamientos comunes. El sistema Judicial no ha sido ajeno a estas prácticas y la existencia de la corrupción en sus usuarios ha aumentado en la medida que sus problemas crecen y no son resueltos en forma clara generando una retardación de justicia en  decisiones que son trascendentales para  la democratización del país.

Con la firma de los acuerdos de paz, El Salvador comenzó un nuevo periodo  que particularmente es importante para el sistema judicial, pues se le comienza a dar mayor importancia a la justicia, los espacios democráticos permitieron el surgimiento de movimientos de la sociedad civil como El instituto de Derechos humanos de la Universidad Centroamericana (UCA), que desde la guerra acumularon mucha experiencia y práctica sobre las debilidades del sector judicial y constantemente han denunciado la corrupción en dicho órgano y la retardación de justicia que se manifiesta en la mora judicial de muchos años.

Durante el periodo de posguerra el acceso a la justicia y al debido proceso han sido preocupaciones más no realidades, se comenzaron a generar reformas constitucionales  que acercaron los operadores de justicia a los usuarios, se generó una etapa de información sobre las nuevas normas y procedimientos para la obtención de justicia.

Las organizaciones y las universidades  son determinantes en este proceso, sin embargo, los problemas del sistema judicial siguen siendo los mismos por la falta de confianza de los ciudadanos en los funcionarios públicos especialmente de aquellos encargados del procesamiento y resolución de casos en el sistema judicial salvadoreño.

Un hecho relevante se registra el 16 de junio del 2009, cuando se  eligen los magistrados de la Sala de lo Constitucional,  encargada de los hábeas corpus, es decir, cuando hay una detención ilegal para un ciudadano; también el amparo que viola derechos constitucionales, a si como  los recursos de inconstitucionalidad. La elección de estos magistrados modificó el funcionamiento de la Sala de lo Constitucional, su presidente argumentó que asumían el compromiso de hacer valer la constitución y el Estado de Derecho, por lo que haciendo factura del pasado y del presente  comenzaron ha operativizar la mora judicial que en el pasado los magistrados vinculados a la clase política de derecha  y empresarial no resolvieron por afectar sus intereses.

Los magistrados encontraron una mora judicial  que contenían demandas de inconstitucionalidad, recursos y Habeas Corpus que al ser estudiados conforme a derecho causarían graves problemas para los que mueven los hilos del poder a su conveniencia  y esto sucedió, se comenzaron a emitir sentencias anulando leyes inconstitucionales que cualquier ciudadano y funcionario público están obligados a catar ya que la corte suprema de justicia a través de la sala es el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos de forma y contenido de un modo general y obligatorio.

Es conveniente destacar el papel que le corresponde jugar a un tribunal institucional en  países como los nuestros, donde la tradición ha sido legislar a favor de los grupos de poder económico y de los partidos políticos, donde sus  cúpulas  encontraron una forma de vivir de la política, convirtiendo sus partidos en empresas, las decisiones del ejecutivo tenían un efecto cascada que terminaban en el Órgano Judicial, lo cual evidencia una clara violación al estado de derecho y un claro atraso de las competencias  constitucionales de cada uno de los órganos del Estado.

Reformas Electorales

Al amanecer del siglo XXI, muchos países de América Latina propiciaron cambios importantes en materia electoral, como el voto residencial, la tecnificación de los procesos de votación, el conteo de votos, candidaturas independientes, lo que encaminó a la democratización y mayor participación de la sociedad civil.

El Salvador es uno de los países más cuestionados por organismos electorales internacionales, aun por la misma Organización de Estados Americanos (OEA), de contar con un sistema electoral antidemocrático, por el manejo que hacen los partidos políticos, al tener el control del máximo organismo que administra los procesos electorales, es el caso del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En este sentido  la democracia participativa  sigue siendo una utopía para el pueblo salvadoreño y esta pierde vitalidad cuando  se trata de mejorar las condiciones de vida de la población. Por eso a la sociedad salvadoreña se le  plantea la tarea de avanzar hacia una Democracia de Ciudadanía. Lo anterior consiste en organizar a la sociedad para asegurar y expandir sus derechos. Es necesario, para ello, una democraticidad del Estado: esto es el grado en que el Estado ha organizado las relaciones sociales.

No puede haber democratización política por ejemplo; cuando los funcionarios públicos de alto rango se eligen en función de los intereses partidarios, llámense Corte de Cuentas, Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República, y sobre el papel de la Asamblea Legislativa que a través de las componendas entre los partidos de derecha han conducido al país a un retroceso en materia política, quedándose estancados y proclives a la corrupción , tráfico de poder, de influencias  y al chantaje.

El país atraviesa un momento  bastante difícil, con una serie de fisuras que reflejan un alto grado de conflictividad social, política y la necesidad de generar reformas en el sistema electoral que amplíen los espacios de participación a la sociedad civil y se recupere la confianza perdida en los partidos políticos. En este contexto es importante reflexionar sobre el comportamiento que ha tenido el país y la configuración  de la transición que hoy vivimos desde sus dimensiones económicas políticas y sociales.

Por ejemplo la poca eficacia  de nuestra Democracia Electoral para resolver los problemas de la pobreza,  delincuencia, el desempleo, se debe, a la  disfuncionalidad de las Instituciones. La que es causada por los condicionamientos  que la plutocracia ejerce sobre el régimen político, principalmente millonarios y financieros. Opinión generalizada es que la estatalidad latinoamericana no garantiza calidad institucional. Por lo que hay poca democraticidad del Estado, propiciando  niveles de desciudadanización que se reflejan en la poca participación de la sociedad civil en la toma de decisiones.

La necesidad de propiciar reformas electorales surge a partir de la poca viabilidad del sistema político electoral y la concentración del poder en la cúpula de los partidos políticos que se convirtieron en empresas representativas de los intereses de grupos minoritarios en detrimento de quienes con la emisión del sufragio les conceden  niveles de representatividad en los órganos del Estado y las Alcaldías Municipales.

Las reformas  que comenzaron a gestarse a finales de la primera década del presente siglo, han intensificado la confrontación de parte de los partidos políticos y el ejecutivo, con la Sala de lo Constitucional, en la  medida que se acercan nuevos  eventos  electorales, por todo lo que implica competir electoralmente, ya que los cambios se orientan a provocar una profunda reforma electoral que lleva como principal protagonista al ciudadano.

Es importante recordar un elemento que durante mucho tiempo obstaculizo las resoluciones en materia electoral y que generó una mora judicial considerable, fue el compromiso que los magistrados siempre tuvieron con los partidos políticos,  los grupos de poder económico y el gobierno, es por eso que con los cambios en la Corte Suprema de Justicia, se comenzó a gestar una nueva forma de administrar justicia para los salvadoreños, cumpliendo el papel no solo en los actos de administración pública, sino también de la constitucionalidad de las leyes que aprueba la Asamblea Legislativa y  reglamentos del ejecutivo.

Los países que han alcanzado mayor desarrollo democrático en algún momento, han pasado por lo que El Salvador esta transitando principalmente cuando se trata de un tribunal constitucional que ha decidido actuar de manera independiente. En este caso  las resoluciones emanadas por el tribunal constitucional  desde el 2009, están suficientemente  motivadas para pensar que se trata de una reforma electoral que tiene  como punto de partida las candidaturas no partidarias, potenciando los derechos electorales.

El 29 de julio del 2010, la Sala de lo Constitucional declaró ilegales los artículos 211, 215, 216, 218, 239,250, inciso 1⁰ y 262 inciso 6⁰ del Código Electoral, con lo cual se dio espacio a las candidaturas independientes no partidarias, y donde los cimientos del poder político se vieron desafiados por primera vez.

Según la Corte Suprema de Justicia, las pretensiones  con  las candidaturas independientes es abrir nuevos espacios democráticos para el surgimiento de nuevas fuerzas sociales y políticas en el contexto  de la política salvadoreña, contribuyendo  ampliar la participación no solo para los  grupos que cuentan con los recursos necesarios,  sino también a la ciudadanía salvadoreña, para que  pueda optar por los  candidatos que más le simpaticen y no necesariamente por un partido político.

Este decreto por sus implicaciones pone en juego la continuidad de las cúpulas  de los partidos políticos, acostumbrados a vivir de la política,  al establecer nuevas reglas del juego en los procesos de elección popular, y que obliga a que los salvadoreños elijan por personas y no por banderas. Esto  viene  a romper con las tradiciones, las costumbres bajo las cuales se han amparado políticos con más de 20 años de vida legislativa.  

El 29 de abril de 2011, la Sala declara inconstitucional el artículo 1 del decreto 5086, con el cual los partidos Demócrata Cristiano  (PDC) y el Partido de Conciliación Nacional (PCN) revivieron a la vida política después de desaparecer producto de no haber alcanzado el  3% de  los votos validos  a nivel nacional como lo establece el Código Electoral. La resolución está basada en las elecciones del  2004, los partidos, PDC y  PCN, con más de 50 años de existencia, no lograron los votos que la ley electoral les exigía, el primero  participó en coalición con Cambio Democrático y necesitaban el 6% y solo obtuvo el 3.9% y el segundo alcanzó 2.71% de los votos validos, ambos fueron víctimas de una creciente polarización tendiente a un bipartidismo, ni uno de estos partidos obtuvo como mínimo el 3% de los votos validos que prescribe el Código Electoral como condición para mantener su legalidad.

Estos tres partidos políticos amparados en una falsa interpretación del artículo 85 de la Constitución que establece que el sistema político es pluripartidista, aprobaron en la Asamblea Legislativa un decreto de salvataje que les permitía mantenerse con vida, aun cuando la ley electoral no prohibía el nacimiento ni la existencia de nuevos partidos políticos. 

Junto a esta resolución se dio también la invalidación de la elección  por parte de la Asamblea Legislativa de  dos magistrados  del Tribunal Supremo Electoral, precisamente, su adscripción partidaria a los partidos desaparecidos, es el origen de la declaración de nulidad, como lo señalaron los magistrados, la Asamblea Legislativa nombro a dos magistrados ante el TSE, representantes de dos partidos políticos que no habían participado en las últimas elecciones del 2009, lo cual contradice  la constitución en su artículos 208, que establece que el TSE, estará formado por cinco magistrados propietarios e igual número de suplentes. Tres de ellos serán electos  de cada una de las ternas propuestas por los partidos que hayan obtenido mayor número de votos en la última elección presidencial, y los restantes de ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia. En el caso de las elecciones del 2009 solo participaron el FMLN y ARENA.

Muchas de estas sentencias rompen la tendencia de la cúpula de la justicia salvadoreña que durante la historia  han estado  al servicio de partidos políticos y grupos económicos poderosos.  Mientras  la totalidad de las organizaciones de la sociedad civil, observadores políticos y legales de todo tipo han visto con beneplácito las resoluciones y las ven como una muestra de independencia tan novedosa como necesaria en el país. 

Otro punto  en discusión es la inconstitucionalidad del sistema de cocientes y residuos para la elección de diputados a la Asamblea Legislativa,  del cual se han valido los partidos pequeños de derecha para tener un número considerable de diputados con pocos votos y que no son representativos de una votación popular.

Estas  resoluciones dadas por los cuatro magistrados se  emitieron  con independencia del poder político, generalmente afincado en casa presidencial en  las administraciones anteriores, en su defecto  era el presidente de la República en turno el que dirigía los hilos de la Corte Suprema de Justicia, lo cual no  abonaba a la consolidación del proceso democrático.

En las administraciones de gobierno del partido ARENA  los magistrados estuvieron sometidos a un solo criterio y a un solo mando, no se generaba contradicciones y lo consideraban como la mejor forma de gobernar al estilo de las tiranías.

Reformas a Ley Orgánica Judicial (Decreto 743)

Las resoluciones de la  Sala de lo Constitucional fueron avaladas  por  una cantidad de organizaciones sociales, políticas, y profesionales como aportes trascendentales en la democratización del país y que vienen a devolver la imagen deteriorada que a nivel  nacional e internacional  tiene el máximo tribunal de Justicia. 

Los fallos emitidos por el máximo organismo constitucional, en materia electoral provocaron una  reacción inmediata por parte de las cúpulas de los partidos políticos que ven como se reduce la posibilidad de continuar enriqueciéndose de la política y de mantener el control absoluto de los poderes del Estado.

“La Sala de lo Constitucional, al sentenciar políticamente, es decir, basándose en la política de la Constitución, libera el hacer estatal del control partidario y, fundamentalmente, rescata la política del secuestro partidario y la pone en manos de la ciudadanía como un instrumento de lucha por la democracia. Al mismo tiempo, determina que los ciudadanos están por encima de los partidos políticos. Aquí estamos ante un rompimiento con un antiguo orden, que establecía el predominio partidario sobre la voluntad ciudadana, y esto significa un golpe al régimen burocrático de partidos que se estableció constitucionalmente desde 1983”. (Dagoberto, 2010)

El Decreto743  que  reforma  la Ley Orgánica Judicial, aprobado el dos de junio de 2011, por la derecha, ARENA, PCN, GANA, Y EL PDC, establece  que los fallos en materia constitucional  deben contar con la unanimidad de sus magistrados (5 votos), esto contrapone a lo establecido de cómo tradicionalmente ha  funcionado, se tomaban resoluciones con cuatro de sus miembros y que coincidentemente en  todos los fallos se abstenía uno, que claramente es el representante  de ARENA y que con dicho decreto se le faculta para vetar  cualquier decisión de la sala.

El presidente Funes con sancionar el decreto ratifico el pacto con la derecha, con los empresarios,  y propició un duro  golpe a la incipiente democracia,  que significa un retroceso ya que se convertía en el avance más significativo después de la firma de los acuerdos de paz.

Es notable que la institucionalidad del país se ponga  en discusión, lo cual   impide que el estado de derecho no prevalezca. La participación de la sociedad civil debe  jugar un papel fundamental  por la defensa de los espacios conquistados que le costaron muchas vidas durante la guerra civil, 75 mil muertos y más de 100 mil desaparecidos. La aprobación del 743,  fue una clara intromisión en la independencia del órgano judicial, generando una reacción de los sectores jurídicos, políticos y sociales, que comenzaron una movilización por la defensa de la constitución y un claro rechazo a la clase política que se vieron obligados a derogar dicho decreto legislativo, aprobado de forma inconstitucional.

Es  evidente,  la forma de como se viene planteando en forma sistemática la reforma electoral, como expresión determinante de la reforma política, ambas tan necesarias en este momento de la evolución democrática representativa o liberal como también se le llama,  esto es  indispensable para garantizar la salud integral del sistema, sin necesidad de que haya presiones de ninguna índole, aunque sean presiones legítimas e institucionales. Se refleja la impresión de que las fuerzas partidarias van generando movimientos no en función del proceso, sino de sus propios intereses.

“Lo antes citado no debe extrañar a nadie puesto que los partidos tienen intereses,  legítimos en muchos casos y en otros mezquinos, incluso personales, por tanto, no van a realizar una reforma electoral que les afecte, es incoherente pensarlo, no hay ninguna lógica, lo que sí es importante decir, es que los partidos que tienen la potestad legal de viabilizar las reformas deben hacerlo  pensando en los intereses populares y en crear condiciones para avanzar en la democracia participativa y no en perfeccionar la democracia representativa liberal y burguesa que muchos pregonan, porque también tienen intereses de ser diputados o diputadas, esto no es malo, pero es un error pensar  que las candidaturas no partidarias resolverán el tipo de democracia burguesa que vivimos los y las salvadoreños y salvadoreñas”. (Nelson, 2010)

Es conveniente estructurar una estrategia de transformación electoral y política de manera concertada, consensuada y consistente, que abarque temas como la ley de partidos políticos, el tránsito de las circunscripciones departamentales a las circunscripciones distritales y el desmontaje del dominio de los partidos sobre los organismos electorales, la fiscalización del financiamiento de las campañas políticas electorales, la creación de consejos municipales plurales, el voto residencial, el voto de los salvadoreños en el exterior etc.

Pero precisamente por romper con el sistema de poder,  la derecha legislativa en  complicidad del  presidente Funes le propician al país  un escenario  que podría generar ingobernabilidad por la falta de independencia  de los órganos del Estado en la toma de decisiones trascendentales.

 El hecho es que los partidos políticos son instrumentos que están al servicio de la representatividad; y cuando las cúpulas se vuelven empresariales dejan de estar al servicio de la representatividad, dejando de ser instrumentos para transformarse en fines. Es aquí donde aparece la necesidad de que el pueblo pase de ser actor a ser sujeto político, esto quiere decir que se deje de hacer solamente la política electoral; el ejercicio de emitir el sufragio nos vuelve actores, ejecutando un papel previamente asignado, y la clave es pasar a ser sujeto político, aquí se habla ya de un ser humano enfrentando a una realidad y dispuesto a la construcción de una nueva realidad alternativa.

Este es el proceso de subjetividad, entonces el sujeto político pasa a ser el pueblo, pasa a ser la gente, organizada en movimientos sociales, el cual puede ser movimiento político en la medida que se plantea como fin capturar el poder político; y este movimiento tiene una serie de características, se levanta en el Estado frente al Estado, como fuerza política y avanza hacia el planteamiento de un poder político, distinto a lo que está planteado ahora.

Bibliografía

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