El
Salvador: La Lucha de los Movimientos Sociales por el Derecho al Agua
Profesor
Investigador: Rudis Yilmar Flores
Universidad
de El Salvador
Una de
las principales fuentes de vida en el planeta hoy en día sigue siendo objeto de
discusión y de una amplia lucha de los movimientos sociales por el derecho al
agua, la consagración como un derecho humano, bien público y recurso vital continua siendo la bandera de
lucha en el siglo XXI. Esta lucha está estrechamente vinculada con la
implementación de políticas económicas, comerciales, medioambientales, sociales
que reducen la posibilidad del acceso, anteponiendo su valor como mercancía y
la inserción de este recurso en las políticas privatizadoras impulsadas por el
modelo neoliberal implementado desde la última década del siglo XX en la
mayoría de países de América Latina.
En las
múltiples cumbres y conferencias organizadas por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), se discute ampliamente sobre la necesidad del acceso al
agua por la mayor parte de la población y se argumenta como un elemento
indispensable para la existencia humana el acceso como un factor determinante
para superar los viejos y endémicos problemas del capitalismo como son el
hambre, la pobreza que conlleven a tener
una vida digna haciendo énfasis en el derecho al agua como fundamental. Sin
embargo es importante destacar que la mayoría de gobiernos contrario a lo
discutido en las cumbres estimulan los procesos
de privatización de los recursos hídricos por las corporaciones transnacionales
y las presiones del Consejo Mundial del agua, del Banco Mundial y del Fondo
Monetario Internacional que empujan a
la comercialización del agua vulnerando
el derecho al medio ambiente, la salud la soberanía, la economía y la dignidad
de los pueblos.
En la
declaración de San Salvador por la defensa y el derecho al agua en el año 2003
las organizaciones y movimientos sociales de varios países de América latina
dejaron constancia del total rechazo a los procesos de privatización de los
recursos hídricos y servicios públicos en los países de la región así como
también la denuncia de estos procesos
financiados y facilitados por
corporaciones transnacionales, organismos financieros internacionales,
organismos multilaterales de comercio y
los gobiernos nacionales.
En el
caso de El Salvador es válido destacar que en los últimos tiempos se agrava el
tema de las aguas contaminadas y la poca existencia del líquido potable para
abastecer a la población salvadoreña. Xenia Marroquín,
integrante del Foro del Agua, expresa que a pesar que el agua es un bien común
está siendo explotada con fines lucrativos, lo cual violentaría el derecho
humano al agua. Por tal razón le exigen al presidente de la republica de manera particular, que
incida y promueva ante la Asamblea Legislativa para que se agilicen la aprobación
de la ley del agua
Uno de los movimientos
por la reivindicación del derecho al agua es la Mesa de Coordinación del Foro del Agua que aglutina a casi una
veintena de organizaciones entre ellas: Asociación Unida por el Agua y la
Agricultura, Asociación de Consumidores de Ilopango. Asociación de sistemas
autónomos de Agua Potable y Saneamiento, Asociación Madre Cría, Asesoría a
Programas y Proyectos de Desarrollo, Centro para la Defensa del Consumidor. Etc.
Desde el 2006, el
movimiento social ha elaborado dos versiones de la propuesta Ley de Aguas,
junto con los legisladores del izquierdista Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN), ninguna de las cuales ha conseguido el apoyo
necesario para ser aprobada. La versión actual del proyecto de ley fue
presentada por el Ministerio de Medio Ambiente, y se enfrenta a un asalto
coordinado. Al mismo tiempo que la derecha lucha por incluir mecanismos de
privatización en la legislación de dicho Ministerio, esas mismas fuerzas están
presionando para reformar la legislación de privatización conocida como
Ley de Asocio Público–Privado (APP), respaldada por los Estados Unidos, a fin
de incluir la administración del agua entre los sectores públicos
abiertos a los contratos privados. Tanto el sector privado salvadoreño como el
gobierno de EE.UU. tienen interés en liquidar la legislación que impide la
privatización, en la medida en que hay cerca de 50 proyectos de agua
presentados como parte del fondo de ayuda al desarrollo de la Corporación del
Reto del Milenio (MCC), proyectos que habrán de ser otorgados a
empresas privadas. Son los mismos fondos que la Embajadora de EE.UU., Mari
Carmen Aponte condiciona a la aprobación previa de la Ley APP.
La ley general de
aguas propuesta por el Órgano Ejecutivo al congreso tiene en su contenido
medidas para proteger los recursos
hídricos del país y una distribución del agua potable de forma equitativa entre
la población, como se lee en la iniciativa. Por ejemplo, si los diputados lo
aprueban, el agua sería declarada como un “bien nacional de uso público,
inalienable, imprescriptible e inembargable”.
La lucha por el
derecho al agua se libra en diferentes campos desde el nacional e
internacional, político, económico y social. El Foro del Agua, es una coalición que
cuenta con una vasta y diversa membresía entre los movimientos sociales,
participan intensamente los comités comunitarios del agua, sindicalistas de los
servicios públicos del agua, organizaciones de la Mesa Nacional Frente a la
Minería Metálica, grupos de estudiantes de la Universidad Nacional y una serie
de organizaciones sin fines de lucro que bloquean constantemente el tráfico en las principales vías de la
ciudades, cantando “¡El agua es un derecho! ¡No es mercancía!”.
Frente a las amenazas de privatización del agua, una
legislación que garantice la gestión pública del precioso recurso es más importante
que nunca, se necesita una ley que promueva el derecho humano al agua y, sobre todo,
que evite el paso a pocas manos de este vital líquido, de modo que la ANEP, la Asociación
Nacional de Empresas Privada o las
transnacionales no nos roben nuestra agua ya que el agua debe seguir siendo un bien público.
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