El Mozote 11 de diciembre de 1981: a 32 años de la
masacre de más de mil campesinos en el
salvador, las victimas siguen clamando justicia.
Rudis Yilmar Flores Hernández
Sociólogo
de la Universidad de El Salvador
1- ASCENSO HISTORICO DEL MILITARISMO
En El Salvador la situación de injusticia ha existido
durante centenares de años; por siglos la mayoría de la población ha permanecido
y aún permanece privada de una alimentación adecuada, atención médica, una
vivienda digna, con poco acceso a la educación, empleo y un salario digno para
sobrevivir.
Es necesario reconocer que esta injusticia se fundamenta
en un proyecto de la clase dominante con licencia para asesinar y reprimir
cualquier intento de cambio por parte del pueblo, así como para aplastar toda
exigencia de justicia; sin embargo a lo largo de toda la historia este pueblo
desarrollo grandes esfuerzos por liberarse de la opresión y de la injusticia,
teniendo un costo de decenas de miles de sus mejores hijos entre campesinos,
obreros, estudiantes.
La dictadura militar, como forma de Estado, se fundamentó
desde 1931, en una alianza entre una fracción ultraderechista de la Fuerza
Armada y la oligarquía. En el transcurso de más de medio siglo esta alianza
produjo más de 150 mil víctimas producto de la violencia armada directa y
cientos de miles a causa del hambre, enfermedades.
El golpe de Estado de 1931, propició la instauración del general Maximiliano
Hernández Martínez, y el comienzo de una etapa represiva en contra de los
líderes y bases del Partido Comunista Salvadoreño, en su mayoría conformado por
campesinos y grupos indígenas, culminando con la masacre de 1932.[1]
El
rol político de los sindicatos y de los movimientos sociales en el devenir
histórico obligó a los gobiernos dictatoriales a establecer nuevos mecanismos
de control político, pasando a conformar una dictadura militar orgánica, que
con el devenir de los años se apadrinó de los partidos políticos para mantener
el control represivo del Estado. En este escenario la oligarquía terrateniente
configura un sistema electoral susceptible de controlar en caso de emergencias
la Asamblea Legislativa por un solo partido político, no existiendo
representación proporcional, y la institucionalidad militar era puesta en
función de la preservación del sistema.
En los años 70s, se generó en el país una situacion de
intensa conflictividad social y politica, vinculada no solo con el
empeoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares, si no, la
exclusion politica de la que hicieron gala los gobiernos del coronel Arturo
Molina y el general Carlos Humberto Romero. Estos militares llegaron al
ejecutivo tras fraudes electorales en 1972 y 1977 respectivamente.
Este escenario no resultó ser prometedor para las distintas
fuerzas politicas durante la decada de los 70s, inclusive dentro de las filas castrenses muchos militares se
inclinaron por la via militar como factor de cambios y otro sector radical opto
por la institucionalizacion, lo que condujo a un golpe militar en 1979 y la
instauracion de un grupo de oficiales jovenes y civiles en la junta
revolucionaria de gobierno, lo que propició la finalizacion de las dictaduras
de caracter organico.
A partir de la década de los años 80, las fuerzas armadas
sufrieron una transformación cualitativa. La intervención norteamericana, cuyo
objetivo fue preservar su hegemonía en la región, aunque se modificara la forma
de dominación y cambiaran algunos autores políticos del bloque de poder en el
país, la cúpula militar desplazó a la fracción oligárquica dando espacio a la
conformación de un régimen que se caracteriza como dictadura militar
contrainsurgente.
El Salvador se convirtió así en un nuevo modelo de
dictadura contrarrevolucionaria con enmascaramiento político muy complejo y
sofisticado: paso a ser el plan piloto de la estrategia de guerra de baja intensidad, que combinó
tres elementos, la ejecución de un genocidio ( 50 mil muertos y un millón de
desplazados entre 1980 y 1981) como
factor de contención del movimiento revolucionario; segundo el escalamiento
militar de la guerra asumiendo Estados unidos el control total del ejército
salvadoreño; una fachada civil para el gobierno, es decir, discurso demagógico,
reformas e intentos de reformas, para ganar al pueblo que estaba masacrando. El
punto de partida de este nuevo modelo de dictadura fue el pacto entre el
partido Demócrata Cristiano y el ejército patrocinado por EEUU, el presidente
José Napoleón Duarte y los demócratas cristianos se comprometieron a dar mano
libre al ejército y garantizar que la matanza no solo no fuera obstáculo para
continuar con la ayuda externa si no que tendía a mejorarse y el gobierno no se
vería aislado completamente.[2]
En una acción simultánea, los norteamericanos escalaban
la guerra e intervenían en el país; los militares ejecutaban el genocidio y
Duarte confundía al mundo. La dictadura militar de nuevo tipo se ponía en
marcha: gobierno civil de fachada, sin ningún poder real, el poder en manos de
los militares y la soberanía en manos de los norteamericanos que bajo el
esquema de guerra de baja intensidad legitimaban el modelo de reformas,
procesos electorales viciados, nueva constitución y el juego político limitado,
todo esto para darle cobertura al contenido esencial a su plan que fue la
acción contrarrevolucionaria justificada en el marco de la supuesta seguridad
de los EEUU y poder salvar a su principal aliado la oligarquía terrateniente.
Si comparáramos las dictaduras tradicionales anteriores
con los que significó el modelo contrainsurgente a partir del pacto PDC
ejército en enero de 1980, se producen
los siguientes datos: durante el periodo del Partido Demócrata Cristiano fueron
asesinados más salvadoreños que en todas las dictaduras anteriores, se produce
el nivel de empobrecimiento del pueblo más grande de la historia, los niveles
de corrupción se profundizan y se
produce una pérdida de la soberanía, superando la dependencia de las dictaduras
tradicionales.
El escalamiento de la
confrontación armada se convierte en una alternativa para la política
exterior de los gringos, en términos tecnológicos, en El Salvador se utilizó
toda la tecnología militar y el armamento que poseían los norteamericanos en
ese momento para guerras irregulares ya que por la dimensión de la guerra les
resultaba difícil la aplicación de armamento convencional de mayor poder
destructivo, los mismos asesores norteamericanos reconocen en su momento que haber dotado al ejercito
de armamento aéreo generó un nivel de dependencia, acomodamiento y debilidad de
las Fuerzas Armadas. Se utilizó armamento de infantería más avanzado para
guerras irregulares, los aviones cazabombarderos más modernos y apropiados, los
helicópteros de transporte y apoyo de combate, los sistemas de comunicación y
radio rastreo más sofisticados existentes en Centroamérica, piezas de
artillería con el alcance y volumen de fuego adecuado a la dimensión del territorio
y teatro de operaciones, con este nivel de equipos militares los EEUU
provocaron más de 70 mil muertos, cien mil desaparecidos un millón de
desplazados.[3]
La utilización de todo este armamento y contar con un
ejército de más de 60 mil hombres y grupos paramilitares llamados defensas
civiles, figuro la ejecución de un genocidio a través de sus batallones de
reacción inmediata como el Arce, Belloso, Atlacatl, Atonal y mostraron su incapacidad de derrotar
militarmente a un ejército guerrillero que no alcanzaba mas de los 7 mil
militantes diseminados en los distintos frentes de guerra y un amplio
movimientos de masas que libra su lucha en las calles, fabricas, en el campo.
Durante la
década de los años de 1980
se generalizaron los crímenes perpetuados por los escuadrones de la muerte se
trataba de estructuras clandestinas de represión, cuyo accionar consistía en el
secuestro, tortura y ejecución de sus víctimas. Los escuadrones de la muerte
funcionaron en casi todas la unidades militares de la época a través de las
secciones de inteligencia; pero se estructuraron en combinación con grupos
civiles o fueron impulsados exclusivamente por civiles de poder económico bajo
la tolerancia y conveniencia del Estado.
2- EL
MOZOTE: OPERACIÓN RESCATE, TIERRA ARRASADA[4] (se
estima que el ejército asesino a más de 1,000 campesinos)
Morazán es un departamento ubicado en el oriente del
país, limita al norte con la republica de Honduras, al sur y al oeste con el
departamento de San Miguel y al sur y al este con el departamento de la Unión;
cuenta con una extensión territorial de 1,447 kilómetros cuadrados.
El cantón el mozote está ubicado en el municipio de
Meanguera departamento de Morazán, a tres kilómetros al sudoeste de Arambala,
con un pequeño centro municipal que en 1980 tenía 200 habitantes
aproximadamente, constituida como muchas
regiones del país en una zona agrícola
con predominancia la agricultura de subsistencia y el henequén que se convertía
en una fuente de ingreso durante la temporada seca, extrayendo el mescal para
la fabricación de cintas para lazos, hamacas y de bienes ya indicados, las familias campesinas contaban con bajos
niveles de educación, salud y sin posibilidades de una vivienda digna, gran
parte de la población durante el fin de año emigraban a otras regiones del país
a la recolección del café y a las cortas de algodón. [5]
El mozote y otros cantones y caseríos entraron en los
anales de la historia, en diciembre de 1981, la guerra llegó al norte de
Morazán. “La ofensiva final” de mediados de enero por parte del movimiento
revolucionario en la capital salvadoreña no llevo a un desenlace militar de
manera rápida y eso marco un proceso que se convertiría en una guerra popular
prolongada que se extendería de la ciudad al campo, consolidando los distintos
frentes de guerra, por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
El norte de Morazán fue zona de guerra desde octubre de 1980, muchos campesinos
y de manera particular los terratenientes abandonaron el área, trasladándose a
las ciudades o a los campos de refugiados en Colomoncagua Honduras.
La masacre del mozote es uno de los ejemplos más brutales
de una estrategia militar aberrante, mediante la cual la FAES, se propuso el
exterminio de campesinos a través de la perpetración de ejecuciones masivas de
pobladores civiles, sin distinción de sus víctimas, fuesen niños, niñas,
personas adultas mayores o enfermos. El 10 de diciembre de 1981, en el caserío
el Mozote dio inicio un operativo militar con más de 4 mil efectivos militares
pertenecientes a cuerpos de seguridad como la Policía Nacional, la Guardia
Nacional, Policía de Hacienda, patrullas de defensa civiles y las fuerza elites
de la FAES como el batallón Atlacatl, unidades de la Tercera Brigada de
Infantería y del Centro de Instrucción de comandos de San Francisco Gotera
denominado tierra arrasada, que comprendía el establecimiento de un cerco
militar desde muchos kilómetros de distancia en las entradas de las distintas
localidades con restricciones precisas de no permitir la entrada de vehículos y
personas ajenas a las zonas conflictivas como los periodistas y a la Cruz Roja Salvadoreña.
El caso del Mozote fue registrado como el proceso más
ilustrativo de la estrategia militar genocida propuesta por Washington al igual
que otros asesinatos masivos como la masacre del rio Sumpul (Chalatenango 1980)
y de Calabozo en San Vicente en 1982, esta última consumada por el coronel
Domingo Monterrosa Barrios, quien murió en octubre de 1984 en una emboscada
guerrillera.[6]
En una ocasión de la conmemoración de la masacre, Rufina
Amaya una de las sobrevivientes relataba la forma de cómo se dieron los
acontecimientos, el 11 de diciembre de 1981 llegó una gran cantidad de soldados
pertenecientes al Batallón Atlacatl, entraron como a las seis de la tarde y nos
encerraron. A otros los sacaron de sus casas y los tendieron en la calle boca
abajo, incluso a los niños y les quitaron todo el dinero, los collares, a las
siete de la noche nos volvieron a sacar y comenzaron a matar a algunas
personas. A las cinco de la mañana pusieron en la plaza una fila de mujeres y
otra de hombres, frente a la casa de Alfredo Márquez, así nos tuvieron en la
calle hasta las siete. Los niños
lloraban de hambre y de frio, porque no andábamos con que cobijarnos.[7]
Mientras se ejecutaba el genocidio, se desarrollaba una
campaña mediática por parte de los medios de comunicación en poder de la clase
dominante, radiales, televisivos y escritos como la Prensa Gráfica, El diario
de Hoy, difundían al mundo el impacto que estaría teniendo en ese momento el operativo antiterrorista, y
que según los militares buscaba el exterminio de células guerrilleras
diseminadas en el norte de Morazán y que en informes preliminares el ejército
estaba derrotando militarmente a la guerrilla, ocasionando una gran cantidad de
muertos. Estos medios encubrían el asesinato de campesinos y vendían la idea al
mundo y a la propia administración Reagan que en poco tiempo lograría acabar
con la insurgencia.
Rufina[8]
sostiene que a las siete de la mañana aterrizó un helicóptero, frente a la casa
de Alfredo Márquez, se apearon un montón de soldados y entraron donde estábamos
nosotros, traían unos cuchillos de dos filos y nos señalaban con los fusiles.
Entonces encerraron en una ermita a los hombres. Nosotros decíamos que tal vez no
nos iban a matar. Como la ermita estaba enfrente veíamos lo que estaban
haciendo con los hombres. Ya eran las diez de la mañana. Los tenían maneados y
vendados y se paraban sobre ellos: a algunos ya los habían matado a esos los
descabezaban y los tiraban al convento. A las doce del mediodía terminaron de
matar a todos los hombres y fueron a sacar a las muchachas para llevárselas a
los cerros, las madres lloraban. A las cinco de la tarde los soldados
terminaron de matar a las mujeres, algunos soldados se resistían a matar los
niños, pero las ordenes que traían era de no dejar vivo a nadie, procediendo a
la masacre de seres inocentes, los niños gritaban mamá me están matando, me
están ahorcando, nos están metiendo el cuchillo. Después de perpetrado la ejecución
masiva los soldados pasaron con los matates de tusa de maíz y una candela
prendida, y le pusieron fuego a las casas donde estaban los muertos, se oía el
llanto de un niño dentro de la fogata, un oficial le dijo a un soldado “anda ve
que a ese hijueputa no lo has matado” al ratito se oyeron los balazos.[9]
Sin resistencia alguna, todos estos pobladores hombres,
mujeres y niños fueron ejecutados deliberada y sistemáticamente en grupos;
primero fueron torturados y ejecutados los hombres, luego las mujeres y por
último los niños en el mismo lugar donde se encontraban encerrados. La cifra de
muertes aumenta si se toma en cuenta que una buena cantidad no fue identificada
por el asesinato de familias completas.
[10]En medio de este operativo militar se registraron masacres
en otros cantones y caseríos como el cantón la joya donde se cometieron más de
veinte muertes el 12 de diciembre, treinta en el caserío la Ranchería y los
Moradores del caserío los Toriles, el día 13, a los pobladores del caserío
Jocote Amarillo y del cantón Cerro Pando, más de quinientas víctimas
identificadas perecieron en el Mozote y otros caseríos. Muchas más hasta el
momento no han sido identificadas. De estas masacres aparte de Rufina Amaya
existen otros sobrevivientes y testigos que posteriormente vieron los cadáveres
que fueron dejados insepultos. En el caso del mozote fue plenamente comprobada
con la exhumación de los cadáveres en 1992.
En enero de 1982 en un reportaje del periódico The
Washington Post, titulado Campesinos “Salvadoreños describen asesinatos
masivos” se relataba la forma de cómo se desarrollaron los acontecimientos
después de un recorrido que la reportera Alma Guillermo Prieto realiza en la
zona encontrando los escombros de las casas de adobe y decenas de cuerpos en
descomposición entre los escombros a pesar de haber transcurrido un mes del
incidente y logra entrevistar por primera vez a Rufina Amaya.
El reportaje de Raymond Bonner para el The New York Time
quien logró entrar a la zona conflictiva después de una solicitud hecha al FMLN
incorpora datos sobre las primeras estimaciones de los muertos, relatos de
sobrevivientes y de imágenes vistas de calaveras carbonizadas y huesos de
decenas de cuerpos enterrados bajo techos quemados, vigas y tejas destrozadas.
Se registran en ese momento 733 de un listado recabado por los campesinos donde
la mayor parte eran niños mujeres y ancianos. Por su parte el FMLN denunciaba a
través de Radio Venceremos pedía a la
Cruz Roja Internacional, a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización
de Estados Americanos y a la prensa internacional para que verificaran el
genocidio de más de novecientos
campesinos, pidiendo a estas organizaciones convertirse en los ojos de
la conciencia mundial.
Mucha población joven se salvó de morir por no encontrarse en el lugar ya que
por ser periodo de recolección de la producción de café y algodón se
encontraban principalmente en el occidente del país y en la zona sur oriental
considerada como la región más importante en la producción agrícola.
Bajo las administraciones tanto de la Junta
Revolucionaria de Gobierno de (1979-1982), del presidente provisional Álvaro
Magaña de (1982-1984), del Presidente José Napoleón
Duarte (1984-1989)
y Félix Alfredo Cristiani (1989-1994), el Estado negó la masacre y otras que se desarrollaron en otras regiones
del país incluyendo el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y sus dos
ayudantas en 1989, en ocasión de
desarrollar el FMLN una ofensiva militar que demostró el doble poder militar y
acelero las condiciones para la firma de los acuerdos de paz.
3- EL
MOZOTE NUNCA MÁS.
En un esfuerzo por esclarecer los hechos y condenar a los
responsables de tan abominable crimen el campesino Pedro Chicas Romero,
residente de la Joya, quien se había escondido en una cueva en las montañas
cercanas a su pueblo mientras los soldados mataban a sus familiares y vecinos,
bajó a San Francisco Gotera y presentó una demanda criminal en el Juzgado de
primera instancia, acusando al batallón Atlacatl de ser el responsable de la
matanza del Mozote y de los pueblos aledaños. El señor Chicas le solicito al
Juez Federico Ernesto Portillo que investigara y castigara a los responsables.
Entre los primeros testigos que se presentaron a declarar se encontraba Rufina
Amaya[11]
El 30 de octubre de 1990, Tutela Legal del Arzobispado
presentó una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la
responsabilidad del Estado salvadoreño por la flagrante violación a los
derechos Humanos de más de mil campesinos asesinados en la operación rescate
conducida por el Teniente Coronel Domingo Monterrosa Barrios.
Un punto de quiebre en la subjetividad de los hechos se
produce en 1992, cuando un grupo de antropólogas forenses argentinas comienzan
las exhumaciones y después de 35 días de excavar encontraron 143 restos,
identificando que fueron sepultados en el mismo momento y asegurando que solo
12 eran adultos y los demás niños menores de 12 años. El informe de balística
efectuado en la habitación donde murieron los niños y sus alrededores determino
que se encontraron 263 casquillos de balas provenientes de 24 armas diferentes
y, de esos disparos efectuados, 240 proyectiles habían impactado en los cuerpos
de los niños. Un porcentaje de acierto demasiado alto para una situación de
fuego cruzado. Además, los casquillos fueron encontrados solo en dos lugares,
cerca de la ventana y de la puerta. Es decir, fueron ametrallados a corta
distancia. La única posibilidad es que los niños murieron arrinconados en una
esquina de la habitación, mientras les disparaban desde esos dos lugares,
porque los únicos impactos de bala que se encontraron estaban en el piso y en
el lado interior de las paredes y ninguno en la parte exterior.
La conclusión de los forenses es que los niños no
murieron de un enfrentamiento de fuego cruzado sino que fueron fusilados a
corta distancia, esto se fundamentó en el hallazgo de proyectiles que después
de atravesar a las víctimas se incrustaron en el suelo y no se descartó que más
de algún militar por la estatura de los niños se pararan sobre ellos y les
dispararan.
Estos hechos desmentían al mundo que no se trataba de un
cementerio guerrillero, ni de niños guerrilleros muertos o de población civil
que murió producto del fuego cruzado entre soldados y guerrilleros como lo
afirmaba el Instituto de Medicina Legal o de una campaña contra el gobierno
para un posible recorte de la ayuda norteamericana, se trataba de un genocidio
ejecutado por militares, financiado por
los dólares norteamericanos y que quedaron evidenciados en el informe de la
Comisión de la Verdad.
Es importante destacar que en el contexto de los acuerdos
de Paz firmados en el Castillo de Chapultepec México, surge la comisión de la
verdad para dar seguimiento a las más graves violaciones a los derechos humano
cometidos durante el conflicto armado. Dicha comisión se encargó de recibir
todas las denuncias que en su mayoría ocurrieron principalmente entre 1980-1981
con la puesta en marcha del plan de contrainsurgencia conducido por Washington
que contemplaba la ejecución de civiles que presentaran sospechas de ser parte
de las estructuras revolucionarias. El caso de la masacre del Mozote fue
registrado como el caso ilustrativo de esta tragedia militar genocida, también
fueron documentadas en el informe final los casos del Rio Sumpul (Chalatenango
1980) y del Calabozo (San Vicente 1982), esta ultima perpetrada por el Batallón
Atlacatl al mando del Teniente Coronel Domingo Monterrosa.
La comisión dictaminó sobre el patrón de los operativos
antiguerrilleros, ejecutaron a campesinos, hombres, mujeres y niños que no
habían opuesto ningún nivel de resistencia, simplemente por considerarlos
colaboradores de los guerrilleros. El número de ejecuciones denunciadas de
individuos y grupos fue tan elevado y muy fundamentado por la comisión que los
llevo a descartar toda posibilidad de que se tratara de incidentes aislados o
de exceso de los soldados o de sus jefes militares. Todo comprueba que se trato
de un patrón de conducta basado en una estrategia deliberada de eliminar o
aterrorizar a la población campesina de la zona. La comisión considero también
que a pesar de las incesantes denuncias de los campesinos y de organismos
defensores de los derechos humanos, no hay evidencia por parte del Estado de
desarrollar una profunda investigación, las autoridades se dedicaron a
calificar este tipo de denuncias de propaganda calumniosa.[12]
Entre el 11 y 12 de diciembre de 1981
aproximadamente más de 1000 personas que
habitaban los cantones del Mozote, la Ranchería, Jocote Amarillo, Los Toriles,
Cerro Pando fueron ejecutadas
extrajudicialmente por miembros del batallón Atlacatl de la FAES , de las
víctimas de la masacre la mitad eran niños y niñas muchos de ellos de tan solo días y meses de
edad, no existe duda del carácter
indiscriminado de las masacres de la crueldad con las que fueron perpetradas y de sus duras
consecuencias , tampoco existe duda de su planificación previa en las más altas
instancias militares, ni sobre la finalidad que perseguía exterminar a la
población civil que habitaban en esa zona.
Pasado más de 30 años estas masacres
persisten en la impunidad, no existe ningún esclarecimiento judicial ni menos
se han identificado, procesado y sancionado a los responsables, las
investigaciones permanecen archivadas desde casi veinte años. Tras un sobre seguimiento
dictado como consecuencia de la vigencia
de la Ley de Amnistía general, mal llamada
para la consolidación de la Paz, al día de hoy esta ley sigue siendo la
principal fuente de impunidad que impide la obtención de justicia por estas
masacres y por otras graves violaciones a los derechos humanos cometidos
durante el conflicto armado.
El Estado negó los hechos por
décadas, sin embargo en respuesta a las peticiones hechas por Tutela Legal del
Arzobispado y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la
Corte Interamericana de justicia en el periodo 45 de sesiones extraordinarias
desarrollada en Guayaquil Ecuador, desarrollo el 23 de abril de 2012 la
audiencia orientada a esclarecer las responsabilidades del Estado salvadoreño
en esta masacre, que cobró la vida de infantes, mujeres y personas de la
tercera edad. Durante la mañana en de
la audiencia Dorila Márquez en su testimonio relato sobre el operativo tan
inesperado la poca responsabilidad de Estado hasta la fecha en brindarles asistencia
médica y su mayor deseo de justicia, María del Rosario López quien describe
como entro el ejército y fueron asesinados 22 miembros de su familia y debió
huir a los cerros vecinos, donde vivió oculta por seis años, sus familiares
fueron enterrados en el patio de su casa siete días después que el ejército
abandono las zona y Margarita Chicas que por su parte narra cómo mataron a su
esposo, y relato la forma de cómo se dio la ejecución, los militares
preguntaban a los campesinos como les gustaría morir, sentados o parados.
Cuando las victimas dicen “el
mozote nunca más” se remite a que haya justicia, ellos plantean que no
quieren venganza, no tenemos odio, lo que deseamos es que esto no vuelva a
ocurrir y queremos la verdad para que los individuos y las sociedad salvadoreña
puedan empezar a reconstruir su tejido social y la creación de una política
integral de reparaciones en el que se puedan reparar a todas las víctimas, es
indispensable el cumplimiento de las recomendaciones de la comisión de la verdad.
Es necesario comenzar a dar visibilidad a las victimas creando una
institucionalidad de política integral de reparación que conlleve a una
atención psicosocial, un proceso reparador que les dignifique.
En enero de 2012, en el marco de la
celebración del XX aniversario de los acuerdos de Paz y a 31 años de la masacre
el presidente Mauricio Funes quien llegó al ejecutivo a través del frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), un partido de Izquierda y
tras reconocer los hechos, realizo un
acto público en el cantón el Mozote donde aprovecho para pedir perdón en nombre
del Estado salvadoreño por la masacre. Este gobierno es el único desde que se
cometieron los crímenes en aceptar su responsabilidad, al ser la Fuerza Armada
una Institución Estatal y responsable de la ejecución y represión contra
civiles en el marco del conflicto armado.
Funes pidió perdón, reconoció la
matanza y dictamino que era el inicio del camino hacia la justicia, en virtud de esto resolvió
instruir como comandante general de las Fuerzas Armadas a una revisión a la
luz de aceptar la culpabilidad del papel
histórico de la FAES y ordena no seguir desarrollando culto por a personajes
como el Coronel Monterrosa con cuyo
nombre se identifica la Tercera Brigada de Infantería con sede en la ciudad de
San Miguel y a otros militares que estuvieron muy vinculados a graves
violaciones a los derechos humanos.
Ante la Corte Interamericana de
Justicia la delegación del Estado Salvadoreño no intervino en ningún momento
para interrogar a las tres testigos, una vez concluido los testimonios
reconocen la dignidad y valentía de ellas. Declaran que del Estado considera el
contenido de sus deposiciones como la verdad de lo ocurrido y trae a cuenta que
su aceptación de responsabilidad conlleva al pedido de perdón por el daño
inconmensurable por los hechos perpetrados por agentes estatales con tanta
crueldad. El pedido de perdón hecho por la comisión gubernamental es extensivo
tanto a las testigos como a las víctimas, y familiares sobrevivientes de estas
masacres.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
AMAYA, Rufina, MARK
Danner y HENRIQUEZ Consalvi Carlos: Luciérnagas en el Mozote El Salvador,
Editorial Museo de la Palabra y la Imagen Novena Edición 2011.
BINFORD LEIGH: El Mozote Vidas
Y Memorias. UCA Editoriales S/P
RESISTENCIA SALVADOREÑA:
Boletín Venceremos, Documento de la Resistencia
Salvadoreña. 1986 “Los Sectores Populares, tienen su opción, la opción
de la Democracia, por el fin del militarismo, la opción Popular Democrática y
Revolucionaria”
RESISTENCIA SALVADOREÑA:
Documento de la Resistencia Salvadoreña, de
circulación interna, 1987, “Insurrección Popular: Deseo o Realidad de la
Lucha Social”.
RESISTENCIA SALVADOREÑA:
Boletín “Venceremos” del Frente
Farabundo Martí para la Liberación
Nacional, La Impunidad de la Fuerza Armada y la Desmilitarización del País
1990.
RESISTENCIA SALVADOREÑA:
Boletín “Venceremos” del Frente
Farabundo Martí para la Liberación
Nacional, Historia de la Lucha Armada en El salvador.
TUTELA LEGAL DEL ARZOVISPADO
DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR: Informe de la masacre del Mozote presentado en
1991.
YAÑEZ Sol. Dra. En Psicóloga
Social, Entrevista
realizada en el Mozote el 26 de mayo de 2012 a la 1:30 de la tarde en la presentación de los avances del caso ante
la Corte Interamericana de Justicia,
[1]
Boletín Venceremos, Documento de la Resistencia Salvadoreña. 1986 “ Los
Sectores Populares , tienen su opción , la opción de la Democracia, por el fin
del militarismo, la opción Popular Democrática y Revolucionaria”
[2]
Documento de la Resistencia Salvadoreña, de circulación interna, 1987,
“Insurrección Popular: Deseo o Realidad de la Lucha Social”.
[3] Documento de la Resistencia Salvadoreña, Óp.
Cit
[4]
Este tipo de operativos militares eran desarrollados por el ejército en las
zonas rurales y tenían como objetivo exterminar a la población, consistía en
asesinar a todo ser viviente, hombres, mujeres, niños, incluyendo gallinas,
perros, cerdos, ganado y destruir todo vestigio de construcción, el objetivo
era quitarle el “agua al pez” como lo reconocen los militares.
[5]
Binford, Leihg, El Mozote “vidas y Memorias” Editoriales Universidad
Centroamericana (UCA). Págs. 171
[6]
Con la muerte de Monterrosa y de siete oficiales más se quiebra el plan de
guerra de baja intensidad de los gringos al perder a su mejor estratega militar y el más
admirado por los norteamericanos.
[7]
Amaya, Rufina, Danner, Mark, Consalvi, Carlos Enrique, Luciérnagas en el Mozote, Ediciones Museo de
la Palabra y la Imagen , novena edición , Pág.156
[8]
Es la sobreviviente que logro escapar de los militares, y de las principales
testigos, quien hasta los días de su muerte en el 2007, no logro ver que se
hiciera justicia, pero su legado histórico de los relatos de la masacre están
presentes en la memoria de los que siguen luchando contra la impunidad.
[9]
Luciérnagas en el Mozote. Op. Cit
[10]
Fotografía tomada días después que la guerrilla logro desalojar al ejército
mediante maniobras militares en la zona.
[11]
Luciérnagas en el Mozote. Op. Cit Pág. 118
[12] Informe
de Tutela Legal del Arzobispado. Op. Cit
