EL SALVADOR 2011: LA SEGURIDAD PÚBLICA UNA DEUDA PENDIENTE DEL GOBIERNO DEL CAMBIO.
Rudis Yilmar Flores Hernández
Sociólogo, Profesor de la Universidad de
El Salvador, San Miguel, C.A
Correo: ryflores.ues@gmail.com
El tema de la seguridad pública en El Salvador sigue manteniendo al igual que años anteriores mucha connotación y relevancia en los medios de comunicación, principalmente porque ahora se trata de ver como el gobierno de Mauricio Funes que llegó al poder político en el 2009 por el partido de izquierda el FMLN, enfrenta el fenómeno delincuencial que se traduce en una herencia del pasado y de una deuda pendiente de los acuerdos de paz que pusieron fin al conflicto armado en El Salvador y que no resolvieron los problemas estructurales que lo generaron, como la exclusión social, la pobreza etc.
Los datos en materia de seguridad pública con relación a la disminución de la violencia en El Salvador son poco alentadores en relación a años anteriores gobernados por ARENA el partido de derecha, pero la realidad es que el país lleva más de 10 años de no salir del pantano de la criminalidad. Estadísticas nacionales e internacionales lo ubican entre los más peligrosos, violentos y criminales del mundo; incluso, se compara y llega a superar a naciones en conflictos bélicos como el caso de Irak, Afganistán.
De acuerdo a datos del Instituto de Medicina Legal (IML) de 2009 el Salvador, que vive un proceso inconcluso de democratización tiene una tasa de homicidios de 76.2 por cada 100.000 habitantes (2009), mientras que Irak que vive un conflicto armado desde la invasión de Estados Unidos y es considerado el país más violento del mundo, tiene una tasa de asesinatos de 89 por cada 100.000 habitantes (promedio entre 2003 y 2009).
Pese a esta realidad Irak refleja una disminución en los homicidios durante el 2010 según datos de la ONG Body Count (IBC) que reporta 3,976 civiles muertos en episodios violentos.
Según el estudio “Mapa de la Violencia: Los jóvenes de América Latina” publicado en el 2008 por la Red Información Tecnológica Latinoamericana (RITLA), detalla que este país de Centroamérica ocupa el primer lugar de homicidios de jóvenes a nivel latinoamericano.
El Salvador tiene una tasa de homicidio de jóvenes de 92.3 por cada 100.000, muy superior a Colombia (73,4), Venezuela (64.2), Guatemala (55,3) y Brasil (51;6).
Pero también no solo es el más violento de América Latina y está entre los países más violentos del mundo, sino que también lidera la tasa de feminicidios o asesinatos de mujeres a nivel mundial.
De acuerdo a la informe de Estado de la Población mundial 2010, del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) este país tiene una tasa de feminicidios 129,46 por millón de mujeres, lo que otorga el deshonroso primer lugar a nivel mundial.
La violencia no solo es grave por el número de muertes que ocurren cada día o el número de delitos que se registran diariamente, si no por las manifestaciones que adopta esta violencia que afecta a la población. Lo observamos claramente en los reconocimientos de Medicina Legal que evidencian cada vez más los cadáveres con señales de torturas.
Esta criminalidad que vive El Salvador revela una grave crisis, una descomposición social a la que le han llevado las administraciones del partido, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), con la implementación del Modelo Neoliberal desde 1989, que condujeron a profundizar los niveles de pobreza.
Si recorremos rápidamente los últimos cuatro años existe un crecimiento permanente de los niveles de criminalidad, es así que para el año del 2007 se registraron 3,497 homicidios, en el 2008 existe una leve disminución ya que se reportan 3,179, en el 2009 el número de homicidios fue 4 mil 365, cifra que preocupo a las autoridades policiales ya que desde la firma de los acuerdos de paz, en enero de 1992, la cifra de homicidios nunca había sido tan elevada.
La violencia se recrudece cada día y en los últimos cuatro años las estadísticas de la policía nacional civil, fiscalía general de la república y medicina legal, consideran que existe un elevado e incontrolable índice de delincuencia que a pesar de los planes mano dura y súper mano dura implementados por el gobierno de Francisco Flores (1999-2004) Y Antonio Saca (2004-2009) y el endurecimiento de las leyes no han tenido éxito.
Las políticas de “manos duras” sirvieron únicamente para elevar los niveles de impunidad, hicieron más compleja y profesional a las pandillas. Es decir antes de entrar en vigencia dichos planes no se perfilaban como estructuras delincuenciales armadas y organizadas y vinculadas al narcotráfico. Las pandillas se fortalecen y se institucionalizan en el marco de las políticas de seguridad.
A corto plazo no se vislumbra que la violencia se resuelva si se sigue concibiendo que esta es un problema de seguridad y se olvidan los grandes problemas estructurales que ampliaron la brecha entre ricos y pobres, que propiciaron una guerra de doce años, que obligaron a tantos salvadoreños a emigrar a distintas partes del mundo. Mientras las políticas públicas no estén enfocadas desde una generación de derechos y se siga enfocando la violencia desde un enfoque de seguridad las autoridades de seguridad pública seguirán pensando en más policías, cárceles y más endurecimiento de las leyes lo cual las convertirá en un fracaso.
Actualmente El Salvador supera a países como México (que enfrenta una guerra con grupos de narcotraficantes) y Colombia (que vive un conflicto bélico) en el número de homicidios.
Si bien las autoridades de Seguridad Pública sostienen que existe una baja en los homicidios con respecto al 2009, durante el 2010 se registraron diversos hechos violentos que sorprendieron a la comunidad nacional como internacional. El más significativo es el registrado el 20 de junio de 2010, donde miembros de la pandilla 18 interceptaron un bus de la ruta 47 y lo incendiaron con los pasajeros a bordo, muriendo calcinadas 17 personas
En la gestión del nuevo gobierno se han implementado una serie de planes que no terminan de ser medidas de carácter paliativas. En el 2010 el ministro de justicia Manuel Melgar reconoció le gravedad de la situación delincuencial sin embargo sostenía que para el 2011 podría haber una reversión con la implementación de nuevos planes, cosa que la sociedad no termina de digerir.
Durante el 2010 se implementó La Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia que se fundamenta en cinco ejes. El control de la Represión de delito es el primero y que involucra la Fiscalía, la Procuraduría General con sus defensores públicos, La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el sistema judicial en su conjunto. Esta estrategia se complementaría con el control del territorio a partir de tres acciones: crecimiento policial, 2500 nuevos policías, el apoyo de la Fuerza Armada que consistió en el despliegue de más de 12 mil efectivos militares desempeñando tareas de Seguridad Publica, incluyendo el control de los centros penales con el objetivo de contrarrestar toda la red delincuencial que funciona con la complicidad de los custodios de centros penales. y también se estableció la aplicación del régimen de disponibilidad consistente en la ampliación de la jornada laboral de los policías.
Estos planes terminarían de configurarse en 2011, también estipulan establecer lazos entre las instituciones que tienen que ver con la seguridad local, y con otras policías de la región centroamericana y con organismos de Estados Unidos con quien se firmó un acuerdo para la instalación del Centro de Escuchas Telefónicas.
Es fundamental entender por donde va el plan de seguridad, aun cuando comparamos el 2009 con el 2010, las autoridades muestran un nivel de satisfacción con la reducción de un 9% en la tasa de homicidios, más allá de este porcentaje el país continúa en un espiral de violencia que se ve dinamizado por el accionar del narcotráfico y las narco pandillas que cada día perfeccionan las mas atroces formas de asesinatos, extorciones, consumo y venta de drogas.
El comienzo del 2011 no termina de ser alentador ya que el mes de Enero cerró con un total de 346 muertes violentas, 44 menos que el mes de Diciembre del 2010, sin embargo el gobierno anuncio nuevos planes como la implementación de un nuevo sistema 911 para atender emergencias, integrara un call center, nuevas instalaciones, mas equipo y una nueva flota vehicular, se ejecutara, plan de video-vigilancia en las principales zonas de la capital, se contara con un nuevo sistema de recepción de denuncias, crearán los observatorios de conducta policial, instalación de cámaras en los centros penales y bloqueo de teléfonos celulares.
Después de dieciocho meses de gobierno de Mauricio Funes se continúa con una visión de atacar el problema de seguridad, mientras la población sigue pagando un alto costo en vidas humanas y experimentando las condiciones que incrementan los niveles de pobreza, se sigue sin encontrar una salida integral a dicho problema.
